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Tras la notificación oficial de la semana pasada al Estado boliviano con la admisión de la demanda por “ejecución sumaria y otros” aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), corre un plazo de 90 días para que las partes puedan conciliar y evitar un juicio contra el presidente Evo Morales, dijo este miércoles uno de los abogados del caso terrorismo, Gary Prado.
En declaraciones a Erbol, indicó que el Estado boliviano desde el 2006 tiene conocimiento de la denuncia formulada por Carolina Dwyer, madre de Michael Dwyer, Elot Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, ante lo cual el Estado boliviano respondió, incluso solicitando complementaciones.
Explicó que vez cumplida esa etapa, se abre otra donde el Estado boliviano y las víctimas ejercen su derecho a conciliar. Si llegan a conciliar sobre la reparación de algunos daños por violación a los derechos humanos, ahí se cierra el proceso; caso contrario la Comisión se convierte en acusador contra el Estado junto a las víctimas, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica.
La base del posible proceso es el trabajo de investigación que ha merecido la admisión de la causa, y en ese juicio hay la posibilidad que el Estado salga absuelto de la acusación de violación a los derechos humanos o sea condenado que obligue al Estado a una reparación económica a las víctimas. También puede dar libertad a los detenidos o finalmente anular el juicio en el país de origen.
Sin embargo, considera que el plazo puede ampliarse a más de 90 de días, tal como sucede en el caso de los hermanos García Linera, Felipe Quispe y otros miembros por el caso EGTK, quienes denunciaron el 2001 al Estado boliviano, su petición fue admitida el 2005, y hasta el año 2016, seguían conciliando.
Prado sostuvo que si una de las partes se niega a conciliar bajo conocimiento de la Comisión, el siguiente paso es formalizar la denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde la Comisión es acusadora, pero antes el rol de la Comisión es intentar la conciliación para reparar daños e evitar que la Comisión tenga una carga procesal.
Destacó que la acusación más grave es la de ejecución sumaria del joven irlandés Michael Dwyer que fue asesinado en el Hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009 en la ciudad de Santa Cruz.
En este caso la Fiscalía no investigó nada para demostrar de manera taxativa que el joven murió en combate con la Policía. Al contrario las pruebas señalan que la Policía voló la puerta de su habitación, disparó directo al corazón y le dio 5 a 6 disparos por la espalda, tal como precisan los informes forenses europeos.
Prado indicó que la muerte de este joven europeo ha quedado en la impunidad y no hay evidencias que haya muerto enfrentándose a la Policía y al contrario, no se encontraron casquillos de las armas que hubieran hecho uso para defender.
Advirtió que este caso se puede convertir en un delito de lesa humanidad porque son organismos oficiales del Estado los que ejecutaron a los ocupantes de las habitaciones en el Hotel Las Américas.
Señaló también que puede configurarse un caso de genocidio porque hay responsables políticos que ya estarían expuestos para ser llevados a la Corte Penal Internacional de La Haya.
El abogado cruceño explicó que hasta ahora la familia Dwyer no activó la denuncia ante la Corte Penal Internacional por pedido de su gobierno irlandés, esperando que concluya el juicio del caso terrorismo en Bolivia, que lleva casi 9 años, y una vez cerrado, recién podría presentar denuncia.
Sospecha que de manera deliberada el mismo gobierno dilata la conclusión del juicio porque sabe que el próximo paso es enfrentar una demanda internacional por violación a los derechos humanos y sobre todo por la ejecución sumaria.
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