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El exsenador y expresidente de la comisión que investigó la privatización, Adolfo Mendoza, pidió que se investigue a los exmagistrados que emitieron la Sentencia 996/2017, mediante la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) favoreció a Samuel Doria Medina en el caso FOCAS.
Dicha sentencia, que recién se hizo pública pero fue emitida en 2017 por los entonces magistrados Zenón Bacarreza y Macario Lahor Cortez, da la tutela a Doria Medina bajo el argumento de que los delitos que se le imputan ya prescribieron, dado que son de hace más de 20 años atrás.
De acuerdo a los antecedentes del caso FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), Bolivia recibió financiamiento de Estados Unidos para este proyecto; pero Doria Medina, en su calidad de Ministro de Planeamiento en 1992, dispuso que ese dinero pase a la entidad privada llamada Fundación para la Producción (Funda-Pro).
El exsenador Mendoza, que encabezó la investigación del Legislativo, sostuvo que la sentencia del TCP a favor de Samuel es “oscura” y que él mismo gestionará que la Asamblea y el vicepresidente Álvaro García Linera tomen cartas en el asunto.
“Es a todas luces una decisión ‘entre gallos y media noche’ que obviamente amerita investigar y, si amerita investigar, aquí están involucrados los miembros del TCP que firmaron esta sentencia”, dijo Mendoza.
Explicó que la deuda del Estado por el préstamo para el proyecto FOCAS aún sigue vigente, por lo cual la responsabilidad de Samuel Doria Medina no entra en la figura de la prescripción.
Anunció que exigirá al Vicepresidente y la Asamblea Legislativa que hagan seguimiento a este caso y se aclaren los extremos de esta acción del Tribunal Constitucional.
El problema de las fechas
Mendoza expresó su extrañeza sobre el “contrasentido” de que la sentencia favorable a Samuel fue fechada en 25 de septiembre de 2017, pero en su texto tomó como jurisprudencia la sentencia 084/2017, que salió recién en noviembre, es decir dos meses después.
La sentencia 084/2017 es la que habilitó la repostulación indefinida para cargos electivos.
El exmagistrado Zenón Bacarreza explicó que esa incoherencia de fechas se debe a un “error involuntario”, porque se puso 25 de septiembre a la sentencia 996/2017, pero lo que correspondía era poner 28 de diciembre. Culpó a la recarga de trabajo por esa equivocación.
Mendoza pidió que esa irregularidad también forme parte de las aclaraciones que debe gestionar la Asamblea Legislativa.
El opositor Rafael Quispe manifestó que con esa incoherencia de las fechas hay vicios de nulidad en ambas sentencias y que, por lo tanto, ambas deben dejarse sin efecto. Indicó que los exmagistrados merecen un juicio de responsabilidades.
El diputado también opositor, Gonzalo Barrientos, calificó la irregularidad como un fraude procesal, que se puede adecuar a las figuras penales de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución.
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