Seguridad
Viceministerio de Transparencia investigó
Hallan indicios para cargos penales en plan Telemedicina
Equipos de TeleSalud, un programa del gobierno. Foto/Internet

Jueves, 5 Abril, 2018 - 09:23

El Ministerio de Justicia, Transparencia y Lucha Anticorrupción informó que tras una investigación al proceso de compra de equipos para el programa de Telemedicina por un valor de  93 millones de bolivianos, identificó “indicios  de responsabilidad administrativa y penal para quienes intervinieron en el proceso de contratación”.

A través de un comunicado afirmó que no es evidente la denuncia del diputado opositor Luis Felipe Dorado y del asambleísta departamental Mario Orellana, quienes aseguraron que el Ministerio de Justicia no atendió la denuncia formulada por Orellana en noviembre del año pasado.

El Ministerio asegura que “después de la admisión y gestión de denuncia”, el caso se encuentra a la fecha dentro el plazo de investigación con tendencia a encontrar indicios de responsabilidad, lo cual revela que las afirmaciones de ambos políticos carecen de veracidad y utilizan información distorsionada.

Los denunciantes hablan de irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato para la venta y puesta en marcha de proyecto Telemedicina, que se adjudicó a la empresa ITTI-Bolivia S.A. por parte del Ministerio Salud en la gestión 2014, por un valor de 93.264.000 de bolivianos.

Orellana a tiempo de solicitar al Ministerio de Justicia intervenir en el caso, cita en su memorial que la empresa adjudicataria es de propiedad de Jorge Terrazas, médico que operó a Evo Morales de la rodilla el año 2016.

De acuerdo con los denunciantes, la irregularidad consiste en que la empresa ITTI no reunía los tres años de experiencia mínima exigidos por el Documento Base de Contratación (DBC) de 2014 y que para habilitarse incluso cambió su objetivo comercial para ampliarlo como si fuera una empresa comercializadora y provedora de equipos.

En todo caso, el Ministerio asegura que tomó acciones que fueron comunicadas el 8 de diciembre de 2017 y mediante nota del 20 de febrero de 2018, el asambleísta departamental manifestó expresamente que su denuncia fue admitida y registrada como corresponde.

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