Seguridad
11 de Septiembre de 2008
Víctimas exigen sentencia a ocho años del caso Porvenir
Leopoldo Fernández, principal acusado del caso Porvernir. Foto / Erbol

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Jueves, 8 Septiembre, 2016 - 12:48

La defensa de las víctimas de la denominada “masacre del Porvenir” exigió a los operadores de justicia, emitir sentencia condenatoria contra el principal acusado, el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández y otros co imputados, después de casi 8 años de proceso de investigación.

La abogada Mary Carrasco, familiares de las víctimas y el Defensor del Pueblo, David Tezanos, coincidieron a una entrevista en el canal estatal, donde lamentaron la dilación del proceso ocasionada por la defensa de los imputados, poniéndolos en la situación de impunidad.

Carrasco denunció un acto de retardación permanente por la incomparecencia del acusado o de los abogados defensores, para que las víctimas se cansen. Explicó que el juicio se encuentra en la última etapa de alegatos a cargo de la defensa, “diciendo lo que quiere decir, pero retardando para que no haya sentencia”.   

En el caso Porvenir, hay 26 personas acusadas de las cuales 18 están declaradas rebeldes, hay tres condenados porque asumieron su responsabilidad y cuatro procesados que se encuentran en detención, indicó Carrasco.  

El defensor lamentó que el Tribunal no sancione como se debe los actos de dilación por incidentes maliciosos, vicios procesales  y cuando lo hace, aplica multas irrisorias a fiscales y a las partes ausentes, en una tolerancia a la dilación.

La activista de los Derechos Humanos, hoy funcionaria de la Defensoría del Pueblo, Teresa Zubieta,  denunció que pese al tiempo de transcurrido, persisten las  amenazas contra las víctimas a quienes “les están ofreciendo plata para acallar el genocidio y que los autores salgan libres”.

El 11 de septiembre de 2008 en la población de Porvenir, Fernández enfrentó una revuelta de campesinos  afines al gobierno, en el marco de una tensión política de gobernadores opositores de la “media luna” y el gobierno por la autonomía económica y política.

Del hecho 13 personas resultaron muertas y otras 30 personas acabaron heridas, todas de bala. A consecuencia de ello, se instaló un juicio contra Fernández y sus colaboradores, por los delitos de terrorismo, asesinato, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves.

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