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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz presentó acusación formal en contra del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por la presunta comisión de los delitos de Malversación, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.
El caso data de 2007, cuando Costas era prefecto. Según la acusación, la autoridad cruceña utilizó recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la compra presuntamente irregular de 40 camionetas.
Según el presupuesto de 2007, el dinero estaba destinado a la seguridad ciudadana, pero Costas usó 6 millones de bolivianos para comprar las camionetas y supuestamente atender emergencias, pero la Fiscalía sostiene que no se usaron para ese fin.
“Estos vehículos, fueron transferidos a unidades organizacionales de la entonces Prefectura que no tienen ninguna relación con seguridad ciudadana ni con atención de desastres”, dice una nota de prensa de la Fiscalía.
Además de Costas, los funcionarios Roly Aguilera Gasser y José Luis Parada están imputados por Malversación, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.
Asimismo, se acusa a Miriam Cecilia Limpias Torres y Fernando Soria Galvarro Bort por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Falsedad Ideológica.
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