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El Juez Primero de Instrucción Cautelar de la ciudad de Oruro, Daniel Rolando Copa Rojas, dispuso el martes medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de Luis Alberto Aguilar, exprefecto del departamento de Oruro, por el caso que investiga las presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto “Construcción Asfaltado Vías de Ruta F1”.
El Ministerio de Transparencia informó que la determinación del juez Copa “otorga libertad para Aguilar”, quien ahora deberá presentarse todos los lunes ante el fiscal asignado del caso, asimismo no podrá dejar el país porque se encuentra con arraigado, debe presentar dos garantes personales solventes y además tiene la prohibición de comunicarse con personas involucradas o testigos del caso.
Transparencia anunció que en un plazo de tres días apelará dicha resolución con el objeto de asegurar la presencia de la exautoridad departamental de Oruro durante todo el proceso.
Por otro lado, el juez Copa determinó la detención preventiva de Carlos Eduardo Bellot Siles, exdirector Técnico del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), quien deberá cumplir la orden en el Penal de San Pedro de la ciudad de Oruro por no haber demostrado domicilio fijo.
De acuerdo a los antecedentes del caso, Aguilar, durante el ejercicio de sus funciones como prefecto, firmó el 2008 un compromiso de trabajo con Sedcam para el asfaltado de vías “Acceso 1 Av. Villarroel, Acceso 2 Aeropuerto y Acceso 3 Av. German Buch”, desembolsando a esa institución más de 9 millones de bolivianos.
Sin embargo, según Transparencia, se evidenció que el Sedcam incumplió el plazo de entrega de las obras, además no hizo devolución de 1 millón de bolivianos que no fueron ejecutados. “A pesar de estas irregularidades la prefectura no procedió al cobro de multas correspondientes”, menciona una nota de la cartera de Estado.
El Ministerio de Transparencia y Lucha la Corrupción presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 10 de noviembre del 2014 contra Luis Alberto Aguilar Calle y Carlos Eduardo Bellot Siles por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos.
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