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El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ambos opositores al Gobierno central, enfrentan apuros legales por denuncias de supuesta corrupción e irregularidades, respectivamente, en el ejercicio de sus funciones.
La Fiscalía Departamental de Tarija imputó en pasadas horas al gobernador Olivia por haber otorgado facultades a su exdirector del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), Omar Molina, para la compra, presuntamente irregular, de cemento asfáltico en la vía Santa Ana - Yesera, el cual es un camino que figura como concluido.
Molina fue enviado a la cárcel de Morros Blancos acusado de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por este caso que habría generado un daño económico de 686.200 bolivianos.
La Fiscalía pidió el miércoles la detención preventiva para el Gobernador de Tarija quien presentó un incidente que deberá resolver en los próximos cinco días. Entre tanto la posibilidad de ir a la cárcel persiste.
El asesor General de la Gobernación, José Luis Gandarillas, pidió al Ministerio Público aplicar la ley en la misma medida contra el exgobernador Lino Condori (MAS) que tiene más de un centenar de procesos, sin que ninguno haya merecido una audiencia cautelar.
En círculos políticos de Tarija se observa la mala gestión de Condori y el poco interés de las entidades fiscalizadoras del Estado y del Ministerio de Obras Públicas para investigar la contratación de la empresa constructora INCICO para la construcción de la carretera Bermejo-Santa Antonio.
Sectores opositores denunciaron protección de esferas oficialistas a la empresa de propiedad del excandidato a diputado del MAS por la C-46, Jorge Blacud Martínez, que durante cuatro años no puede concluir el proyecto de asfaltado de 39 kilómetros.
“A mí me están procesando por hacer, sería bueno que aquellos que han administrado el Departamento, que tienen más de un centenar de denuncias”, manifestó Oliva a los medios de prensa locales.
LEYES POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
En Cochabamba, el Ministerio de Justicia denunció este jueves ante el Ministerio Público al alcalde José María Leyes, por incumplimiento de deberes y nombramiento ilegal de la intendenta municipal de Cercado, Luz Rojas Cáceres.
El viceministro Diego Jiménez, y el director nacional de Lucha Contra la Corrupción, César Romano Molina, en conferencia de prensa, explicaron los argumentos que sustentan la denuncia contra el alcalde Leyes y la intendenta Rojas.
“Hemos presentado una denuncia al Ministerio Público para que se investigue al alcalde Leyes por el nombramiento ilegal de la directora de la Intendencia Municipal de Cercado, Luz Rojas, (…) esta señora presentó documentos falsificados y no cumplió los requisitos para ocupar este cargo”, afirmó Jiménez.
De acuerdo al Viceministro, recabaron el currículum con el que fue designada como Directora de la Intendencia Municipal de Cochabamba en 2015 en el que se muestra una serie de cursos que no cumplió. Además, se evidenció documentación falsificada sobre capacitaciones que nunca realizó.
“La Intendenta de Cercado presentó dos certificados emitidos por el Centro de Informática Privada de Estudios Comerciales en su currículum como operadora de computadoras y otra como secretaria ejecutiva. Este instituto privado certificó que esos documentos son falsos”, afirmó.
A su turno, Romano manifestó que, además de las pruebas documentales, existen testigos que prueban las irregularidades. “También existen relatos de testigos que esta señora ejercía mecanismos de chantajes y extorción sobre los comerciantes”, agregó.
Aclaró que esta denuncia también alcanza al secretario de Desarrollo Económico del gobierno municipal de Cercado, José Eduardo Galindo, por presuntos delitos de nombramiento ilegal e incumplimiento de deberes en la designación de la intendenta Rojas.
El alcalde Leyes respondió mediante su cuenta de Twitter. “Por denunciar Gasolinazo, Gobierno me inicia proceso. Pero los narcos y corruptos protegidos y premiados”, escribió.
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