Fiscalía dice que pedirá 12 años de cárcel para Zapata por seis delitos

A pesar de haber eximido de culpa a Gabriela Zapata en cuatro delitos, el Ministerio Público mantiene imputación contra la expareja de Evo Morales en seis tipos penales, y pedirá a la justicia que se le dicte 12 años de cárcel.
 
La información fue proporcionada por el fiscal general Ramiro Guerrero, quien convocó a una conferencia de prensa para explicar la investigación en el caso por supuestas ventajas económicas que habría tenido la joven al usar la oficina de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.

La joven fue librada de culpa en los delitos de: uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Sin embargo, sigue acusada por los tipos penales de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.         

Guerrero sostuvo que entre estos seis delitos el más grave es legitimación de ganancias ilícitas, que tiene una pena de hasta 10 años, pero anunció que por concurso con los otros cinco tipos penales “el Ministerio Público va a pedir una pena de hasta 12 años para la señora Zapata”.

Aseguró que la Fiscalía tiene todos los elementos para probar en un juicio que la joven incurrió en los delitos que se le imputa.

Justificación del sobreseimiento

El Fiscal General recordó que en una primera instancia se imputó a Zapata por 10 delitos, pero se le eximió de cuatro bajo los siguientes argumentos:
    
En cuanto al uso indebido de influencias, indicó que el mismo no se aplica a Zapata porque no es funcionaria pública.

Guerrero señaló también que no se puede acusar a una sola persona de falsedad material y falsedad ideológica, porque son delitos que se excluyen entre sí.

Sobre el enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, explicó que no se pudo establecer un daño económico al erario público porque  Zapata sonsacaba dinero a empresarios privados para supuestamente darles contrataciones.  
    
Aclaró que la Fiscalía no investigó los contratos de la empresa china CAMC, donde trabajaba Zapata, porque esa fue una tarea de la Asamblea Legislativa.  
 
Guerrero agregó que la resolución de sobreseimiento puede ser apelada por los querellantes, que no estén conformes con la misma.