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Un operativo policial encabezado por el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, capturó al empresario peruano Martín Belaunde en un domicilio particular de la zona Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz, reportó el canal de televisión Cadena A.
La vivienda en cuestión pertenece al conocido parapsicólogo peruano “Curaca Blanco”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó esta mañana la detención del empresario. La decisión se asumió como una medida preventiva hasta que se defina el trámite de extradición que presentó el Gobierno de Perú.
El ministro Pérez, reveló que, tras conocerse la decisión del TSJ, fue el mismo Belaunde quien se comunicó con la Policía para informar sobre su ubicación.
"Él no se estaba escapando de la justicia boliviana, ni de nadie. Lo que él quería que lo pongan a derecho, para que lo puedan llevar a donde él tenga que estar, hasta que continúe su trámite, eso es lo que ha ocurrido", dijo el funcionario, según la agencia ABI.
El peruano fue traslado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El abogado de Belaunde, Jorge Valda, ratificó que su defendido pidió la actuación policial.
“El señor Martín Belaunde en ningún momento ha estado prófugo, desde el momento que conoció que había esta solicitud (del TSJ), él mismo pidió el resguardo policial. No ha intentado fugarse en ningún momento ni lo va a hacer”, afirmó.
Explicó que el TSJ determinó que el peruano sea custodiado por la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE), pero esta entidad no cuenta con una instalación apta para que personas puedan habitarla, por lo cual está pidiendo que Belaunde sea llevado a su domicilio. Sin embargo, estará en instalaciones policiales hasta que la justicia determine un lugar para que cumpla la detención.
“Él (Belaunde) va a permanecer en la FELCC hasta que el juez cautelar competente determine donde debe permanecer porque en el CONARE no existen las condiciones de habitabilidad”, sostuvo Valda.
El exasesor de campaña de Ollanta Humala está acusado de asociación ilícita, lavado de activos y malversación de recursos públicos, por los cuales un tribunal peruano ordenó detenerlo. En diciembre, el empresario pidió refugio político en Bolivia, solicitud que ahora es considerada por la CONARE.
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