Seguridad
Anuncia revisión de antecedentes
CM anuncia purga de jueces con indicios o juicios penales
Presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque. Foto / Erbol

Jueves, 21 Abril, 2016 - 13:57

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Wilber Choque anunció este jueves el retiro los jueces y vocales que tengan denuncias, procesos pendientes y antecedentes penales, porque “no se puede permitir” que autoridades con esas características sigan administrando justicia.

Tras el descubrimiento del supuesto consorcio de jueces, fiscales y abogados, donde están implicados algunos funcionarios del distrito de La Paz, el Consejo decidió profundizar las investigaciones y la revisión de antecedentes de los operadores de justicia.

“Como Consejo estamos haciendo la investigación de más jueces que están siendo denunciados, que tienen procesos penales pendientes. Hay jueces que estuvieron detenidos preventivamente y continúan de jueces”, manifestó al informar que la semana anterior agradecieron los servicios de seis jueces: uno en Santa Cruz, tres en La Paz y dos en Cochabamba. 

Choque indicó que como presidente de la entidad disciplinaria, está pidiendo al pleno del Consejo agradecer funciones a esos servidores cuestionados, aprovechando la etapa transitoria que vive el Órgano Judicial.

“No se puede permitir que jueces que tengan antecedentes por un lado e indicios serios de responsabilidad penal y muchas denuncias en el régimen disciplinario, puedan continuar de jueces, dejando vulnerable el derecho que tienen los usuarios a una justicia transparente y pronta”, advirtió.

Manifestó que si el Colegio de Abogados tiene conocimiento de algún consorcio de jueces y abogados, debe cumplir con la obligación de presentar las denuncias contra los sospechosos.

Aseguró que el Consejo actuará de manera drástica con los funcionarios que resulten denunciados y procesados internamente, al igual que se hizo con el exvocal Fernando Ganam y la exjuez Lía Cardozo que fueron destituidos del escalafón judicial.  

Esas autoridades fueron separadas inmediatamente del cargo sin esperar el proceso disciplinario o proceso penal, porque como conocen el derecho, podían extender sus procesos fácilmente hasta cuatro años  y continuar administrando justicia, sin considerar que los ciudadanos tienen derecho a tener autoridades con la ética correspondiente. 

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