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La Representación de la Defensoría del Pueblo en Potosí, ante denuncias recibidas de maltrato, violencia sicológica y acoso laboral por parte del Fiscal del Departamento de Potosí, José Luis Barrios, además de una fiscal de materia y el auxiliar legal de esa repartición, contra varias servidoras de esa institución, realizó una investigación y confirmó estos extremos, por lo que emitió recomendaciones al Fiscal General y exigió procesar y sancionar a los responsables según establecen las normativas.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Rolando Villena instruyó que se haga un seguimiento permanente al caso y pidió a las autoridades y especialmente al Fiscal General, que se realice una investigación exhaustiva, transparente, imparcial y urgente que “sancione y detenga estos hechos de vulneración de derechos humanos sin proteger a ninguna persona, así se trate de autoridades”, señaló.
En junio pasado, la Representación en ese departamento recibió denuncias de dos servidoras de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos (UPAVIT), quienes acusaron a la fiscal de materia y a su auxiliar legal de varios actos de violencia, entre ellos el haber comparado a esa repartición con un lenocinio, situación que fue confirmada por sus compañeras de trabajo que también indicaron ser maltratadas y que callan por temor y por no perder su fuente laboral.
A esto se sumó que aparecieran en todas las oficinas de la Fiscalía, afiches con imágenes y frases denigrantes que hacían alusión a las dos servidoras, quienes presentaron una queja ante el Fiscal Departamental que, no obstante haberse verificado el origen de ese material en la computadora de uno de los sindicados, no tomó acciones disciplinarias y, por el contrario, amenazó a las denunciantes y sugirió que renuncien acusándolas de impulsar un complot en su contra, incurriendo en el delito de acoso laboral.
El Fiscal además habría advertido con tomar acciones en contra de quienes hablen con las dos servidoras denunciantes, lo que derivó, según los testimonios recogidos, a que el 90% del personal de la Fiscalía no les dirijan la palabra y que una de ellas sea excluida de sus actividades laborales.
La Representante de la Defensoría en Potosí, Jackeline Alarcón, indicó que de acuerdo a la investigación, se evidenciaron serios indicios que en la Fiscalía de Potosí existe maltrato, violencia sicológica y violencialaboral, especialmente contra las servidoras, presuntamente generada por los acusados. Con estos actos, acotó, se estaría infringiendo la Constitución Política del Estado que establece que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o sicológica, tanto en la familia como en la sociedad, además constituyen acciones de violencia hacia la mujer, especificada en la Ley 348. “Debemos recordar que todos los delitos de violencia en contra de la mujer son de acción pública y deben ser investigados de oficio por parte del Ministerio Público”, indicó la Representante.
A raíz de las denuncias, se inició un proceso disciplinario contra el Fiscal departamental, una fiscal de materia y otro servidor público por ejercer maltrato, violencia sicológica y acoso laboral, sin embargo las denunciantes temen que se intente proteger a las autoridades dejando en la impunidad el caso por lo que pidieron a la Defensoría del Pueblo que acompañe el proceso para vigilar que se cumpla la Ley. (NOTA DE PRENSA)
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