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La Policía cochabambina investiga a siete uniformados involucrados en un supuesto caso de violación a una mujer con discapacidad, en instalaciones de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales).
El fiscal de la Dirección de la Dirección de Investigación Policial (DIDIP), Felipe Almaraz, dijo que se lleva adelante esta actividad por la “connotación que alcanzó a nivel de medios de comunicación” y definir la suerte de involucrados.
Indicó que hasta el momento se procedió con la reconstrucción del hecho y se espera evacuar informes hasta el miércoles de la próxima semana, para establecer responsabilidades.
“El capitán Contrina y el capitán Ramírez llevaron adelante la audiencia de inspección y reconstrucción en presencia de todas las partes presentes. (Más adelante) se tomarán declaraciones ampliatorias para que tengan un criterio más lógico los investigadores. Se establecerá si se amplía a otras personas o no”, afirmó.
El 21 de julio pasado la opinión pública tuvo conocimiento sobre el caso de una supuesta violación a una joven y quien posteriormente fue reportada como desaparecida. Los agresores no recibieron sanción alguna ni tampoco suspendidos.
El 1 de agosto la Policía tuvo conocimiento del hallazgo de la mujer supuestamente violada, pero que tampoco lo tomó en cuenta, apelando a informe contradictorios. El comandante, coronel Alberto Suárez, no asumió responsabilidades.
Procesos
El fiscal Felipe Almaraz confirmó este sábado a Radio Pío XII de Erbol que a raíz del problema presentado, se dispuso la ampliación de la investigación a Alberto Suárez y también al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Alejandro Pozo.
Ambas autoridades tienen la obligación de realizar sus descargos correspondientes, por lo que se espera el inicio de proceso en los próximos días.
“La doctora Julieta Montaño se constituyó en parte querellante por la connotación que existe. Ayer el fiscal Cotrina amplió (la investigación) contra el coronel Suarez y el coronel Pozo. Ya se hicieron los oficios al Comando para poner a disposición de la IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses). Una vez que se inició la investigación deben ser cambiados de destino y puestos a disposición de la Fiscalía”, anticipó.
El comandante de Cochabamba, Alberto Suárez, señaló que obró dentro del marco de las leyes y que no existe afán de “encubrimiento alguno”.
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