Seguridad
Caso suboficiales detenidos
Flores dice que justicia militar debe respetar la CPE
El magistrado Ruddy Flores indicó que el TCP ya dio las pautas para cambiar leyes militares. Foto: ERBOL.


Jueves, 23 Octubre, 2014 - 18:12

Indagado sobre la detención de tres suboficiales líderes de las movilizaciones por la descolonización de las Fuerzas Armadas, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, recordó que la jurisdicción militar no puede estar al margen de la Constitución Política del Estado (CPE) y debe respetarla.

“La nueva Constitución establece una regla muy clara: no hay jurisdicción que esté al margen de la CPE. En ese entendido, la jurisdicción militar debe observar plenamente la Constitución”, dijo Flores.

Jhonny Gil está detenido preventivamente desde el 15 de mayo, mientras que Freddy Sucojayo y Franklin Colque corrieron la misma suerte desde el 2 de julio.

Sus abogados aseguran que los procesos en su contra vulneran las garantías constitucionales porque estos suboficiales están en la “indefensión”, por las constantes trabas que pone la justicia militar para liberarlos.

En el caso de Gil, su abogado, Osvaldo Rojas, ya interpuso una Acción de Libertad ante la justicia ordinaria y un Tribunal de Apelaciones militar le concedió la tutela, pero añadió otros riesgos procesales para mantener detenido al líder de la movilización.

La CPE dice en su artículo 125 que “toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad”.

Rojas anunció que interpondrá una nueva Acción de Libertad para que los militares liberen a su defendido.

El TCP ya dio pautas para cambiar leyes militares

Flores recordó que el TCP emitió sentencias las cuales señalan ciertas “conductas” que sólo pueden ser juzgadas en el ámbito ordinario y las mismas resoluciones “dan la pauta a las Fuerzas Armadas para que comiencen a adecuar su ordenamiento jurídico al cumplimiento de la Constitución y el respeto a los convenios internacionales de protección de derechos humanos”.