Seguridad
A denuncia de la ministra López
Fiscalía imputa a exgerente técnico de BTV y pide cárcel
Unidades móviles de Bolivia Tv. Foto/Min. Comunicación

Miércoles, 28 Junio, 2017 - 12:31

El Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó este miércoles que el exgerente técnico de Bolivia Tv, Rubén Márquez Ch. fue imputado formalmente y pidió al juez cautelar la detención preventiva para que garantizar la investigación por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, denunciados por la ministra de Comunicación, Gisela López.

“De los indicios que se han podido colectar, se tiene que este señor no había cumplido sus deberes, pues en su calidad de gerente técnico, debería haber velado y resguardado porque la maquinaria e insumos entregados a Bolivia Tv, cumpla los requisitos de ley y que las islas funcionen, aspecto que no se ha cumplido”, declaró.

Explicó que esperan la notificación del juez para definir  en las próximas horas la situación procesal del exgerente técnico. La autoridad informó que por ahora están concentrados en resolver el caso de Márquez y luego tomarán decisiones sobre los otros denunciados por la ministra de Comunicación.

López denunció que la Provisión,  Instalación y Puesta en marcha de Sistemas Televisivos e Informáticos contratada a la empresa Autorec por un monto  25 millones de bolivianos, el 26 de diciembre de 2014, nunca funcionó y que fue adjudicado en un solo día, sin observar procedimientos administrativos legales.

Durante una conferencia del 25 de junio, la ministra citó entre los denunciados, a Gustavo Portocarrero ex gerente general 2013-2014, Rubén Márquez ex gerente técnico y Lidia Peñarrieta, ex Gerente Administrativa-Financiera.

Esos dineros cancelados son parte de un proyecto denominado Prontis que canalizó 280.5 millones de bolivianos a Bolivia Tv, para el fortalecimiento institucional, mejora de los servicios televisivos, innovación tecnológica, extensión en la cobertura de señal y equipos, y unidades móviles en HD. 

Son cinco proyectos que tienen al menos 66 contratos, de los cuales al menos seis contratos firmados entre 2013 y 2014, presentan irregularidades.

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