La Paz: Funcionario edil va a la cárcel por el caso Katanas

El Ministerio Público informó este domingo de la detención preventiva del funcionario de la Alcaldía de La Paz, Miguel A. N. en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro por la presunta comisión de los delitos de trata de personas, en grado de complicidad, asociación delictuosa y concusión, al alertar de los operativos municipales a los administradores del club nocturno Katanas, donde varias mujeres eran explotadas sexualmente.

”El Ministerio Público ha logrado determinar la verdad material en base a la prueba documental debidamente obtenida que evidencia la comisión de los delitos por los que es imputado este funcionario municipal, quien deberá guardar detención preventiva en Chonchocoro”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.

En la audiencia de medidas cautelares, la fiscal asignada al caso, Karina Cuba, aseguró que el Ministerio Público colectó los suficientes indicios de convicción respecto a que el sindicado tenía conocimiento de los días de los operativos municipales y en lugar de denunciar los hechos de trata que se registraban en el Katanas, contrariamente encubrió y alertó a los dueños de ese lenocinio.

“Tenemos entre los indicios, el extracto de llamadas que se han realizado a los celulares que han sido secuestrados del local Katanas, en el que se ha evidenciado que los administradores se contactaban con este funcionario, quien coadyuvaba en los ilícitos”, indicó.

Ante lo expuesto por el Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional determinó aplicar la medida extrema de la detención preventiva, tras establecer la comisión de los hechos por parte de imputado y evidenciar los riesgos procesales de fuga, por falta de un arraigo social, además del peligro de obstaculización, entre otros.

En septiembre del año pasado, el dueño del club nocturno Katanas, Marco Cámara, fue recluido en la cárcel de San Pedro por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y organización criminal, denunciados por su hija, Noemí Cámara.

De acuerdo a las investigaciones, Cámara enviaba  a su administrador, Gustavo Fernández, a países vecinos para reclutar mujeres jóvenes dispuestas a trabajar en Bolivia como supuestas modelos.

Una vez captadas, Cámara viabilizaba la inmigración de las mujeres para posteriormente despojarlas de sus documentos y obligadas a tener relaciones sexuales con clientes del club nocturno, bajo amenaza de deportación.

Según con el cuaderno de investigación, las mujeres eran llevadas durante el día a la casa de Cámara en la zona Llojeta, y en la noche eran trasladadas al local Katanas, donde presuntamente eran explotadas sexualmente.