Víctimas de Chaparina presentan impugnación a la resolución que favorece a Llorenti
Olga Flores, una de las víctimas de la violenta represión policial en Chaparina ocurrida el 25 de septiembre del año pasado, presentó otro memorial de impugnación a la resolución de los fiscales que investigan ese caso y que excluyó del mismo al exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
Acompañada por la abogada Aida Camacho, la activista de los Derechos Humanos, conocida por su larga lucha desde la desaparición forzada de su hermano Carlos Flores a manos de la dictadura de Luis García Meza, sostuvo que además de la objeción presentada a la resolución de los fiscales José Ángel Ponce y Patricia Santos, las víctimas de la represión presentarán un recurso de queja ante el Defensor del Pueblo y anticipó que se entablará una denuncia a nivel internacional porque el Estado boliviano ha incurrido en “denegación de justicia”.
“Queremos decir que no solamente el Ejecutivo ha cometido actos delincuenciales como ha sido la intervención en Chaparina, sino es el propio Ministerio Público el que paradójicamente nos niega el acceso a la justicia en nuestra condición de víctimas”, señaló Flores y añadió que Llorenti habría condicionado su silencio en torno a quién verdaderamente dio la orden de reprimir a los marchistas a cambio de que sea designado como Embajador boliviano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En ese sentido, cuestionó el argumento de los fiscales del caso Chaparina que en su resolución absolutoria de Llorenti señalaron que el ex Ministro de Gobierno dio una “contraorden” para que no se efectúe el operativo represivo y señaló que en realidad es una evidencia de que hubo una “orden” para que se desarrolle la intervención policial que incluyó la detención de dirigentes con cinta masquín, la separación de niños de sus madres y la golpiza a los líderes de la VIII marcha en defensa del TIPNIS.
Agotamiento de la vía en el país
Por su parte, la abogada Camacho mostró su escepticismo en torno a la actuación de la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, autoridad que debe pronunciarse revocando o ratificando la resolución de los fiscales del caso Chaparina por repetidas señales que ha dado en función de los intereses del gobierno, por lo que dijo que el Fiscal General del Estado debería disponer el procesamiento de los representantes del Ministerio Público que flagrantemente están denegando justicia y están cometiendo falsedades que han favorecido a la designación de Llorenti.
“El único argumento que rescatan como verdadero es que Sacha Llorenti fue Ministro de Gobierno en ese momento; ningún otro argumento que lo compromete de manera directa con la intervención y la violación a los Derechos Humanos fue tomado en cuenta, ni siquiera fue revisada la amplia hemerografía que se ha presentado o los videos, y lo peor de todo, no se ha tomado en cuenta el informe defensorial que señala cuáles son las responsabilidades de funcionarios y ex funcionarios de Gobierno”, sostuvo.
Además de Llorenti, según Camacho, el actual comandante de la Policía, coronel Víctor Maldonado, también goza de impunidad porque pese a que estuvo en la represión policial a los marchistas en su calidad de Director Nacional de Inteligencia, no sólo que no ha sido imputado, sino que ahora detenta el máximo cargo en la institución del orden. (Nota de prensa de MSM)
La Paz, 29 agosto 2012