ONU pide garantizar debido proceso en caso Eduardo León

Mediante un comunicado, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció respecto a la situación que atraviesa Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata y pidió a las autoridades judiciales garantizar su debido proceso.

“La Oficina considera que la aprehensión de un abogado en los casos relacionados con la representación de sus clientes, es una medida gravosa que debe estar sustentada en una profunda investigación que arroje elementos objetivos y serios de convicción sobre la existencia de los delitos y la participación del abogado en los mismos. Es por ello, que la Oficina recuerda que los órganos encargados, tanto de la persecución penal como del juzgamiento, deben cumplir rigurosamente los principios de competencia, imparcialidad e independencia”, se lee en una parte del documento.

Asimismo, expresan su preocupación por el supuesto excesivo tiempo que el abogado León estuvo detenido sin que se definiera su situación jurídica por parte de un juez cautelar, tal como la ley dispone.

Cuestionan que jueces de La Paz, El Alto y Oruro se excusaron o solicitaron licencia lo que demoró el trámite de las audiencias previstas. En este sentido, recomiendan al Consejo de la Magistratura estudiar este caso en el contexto de la normativa vigente y proponer correctivos para que estas situaciones no se repitan en el futuro.

“Por otra parte, a la Oficina también le preocupa que la orden judicial, emitida el 26 de mayo que dispuso el arresto domiciliario para el abogado León, no fue acatada, como tampoco se cumplió la orden judicial para procurar la custodia policial con el fin de vigilar dicha medida cautelar, alargando arbitrariamente la permanencia del abogado en celdas judiciales. En consecuencia, es importante señalar que las autoridades competentes deben cumplir sin demora las órdenes judiciales emitidas”, se lee más adelante.

También les llama la atención que el título académico del abogado León fue anulado; que se le excluyó del Registro Público de Abogacía y que se le retiró la matricula a través de dos resoluciones ministeriales. Consideran que estas actuaciones podrían vulnerar seriamente las garantías del debido proceso, particularmente el derecho a la defensa plena e íntegra y el derecho a ser oído que tiene toda persona en cualquier área del derecho, ya sea penal, civil o administrativo.

“Por lo anteriormente expresado, la Oficina recuerda que, de conformidad, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados; la jurisprudencia vinculante de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos el Comité de Derechos Humanos y la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos; así como las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cualquier proceso sancionatorio debe ser estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso”, señala el comunicado.

Finalmente, aseguran que les preocupa el deterioro del estado de salud en el que se encuentra el abogado León, e insta a las autoridades a precautelar su derecho a la salud.

La Oficina confía en que estas consideraciones necesarias serán debidamente tomadas en cuenta por las instancias competentes. La Oficina continuará monitoreando el proceso con toda la atención debida como lo ha venido haciendo desde un principio.

Ayer, se determinó que León debe ser derivado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, tras ser acusado por los delitos de falsedad material e ideológica, además de uso de instrumento falsificado.