Social
Acción de las defensorías de Bolivia y Perú
Advierten explotación sexual a bolivianas en La Rinconada


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Miércoles, 6 Mayo, 2015 - 11:41

Gregorio Lanza, responsable de la unidad de conflictos de la Defensoría del Pueblo y que lideró una comisión que visitó a La Rinconada, señaló que “muy probablemente” mujeres bolivianas, peruanas y colombianas son víctimas de explotación sexual en este centro minero de Perú.      

“La existencia de recursos generados por el oro, las precarias condiciones de vida, y el hecho de que exista una alto porcentaje de población laboral masculina flotante, tiene como resultado la proliferación de clubes nocturnos, entre bares, cantinas, casas de citas, y otros, que suman alrededor de 400, donde existen mujeres peruanas, bolivianas y colombianas principalmente, dedicadas al trabajo sexual y muy probablemente víctimas de explotación sexual”, dijo Lanza, según nota de prensa de la Defensoría.

La visita de la comisión a La Rinconada se enmarca en las acciones conjuntas que emprendieron las Defensorías del Pueblo de Bolivia y  de Perú para luchar y prevenir la trata y tráfico de personas, principalmente, la explotación sexual y laboral.

Este trabajo estuvo coordinado con la Defensoría del Pueblo de Puno y permitió que se realicen encuentros con representantes y miembros de la Fiscalía, Policía y Alcaldía de esa localidad para abordar la problemática de la trata y tráfico de la que son víctimas potenciales niñas, adolescentes y jóvenes mujeres con fines de explotación laboral y sexual.

“Las Defensorías del Pueblo de Bolivia y Perú hemos coincidido en que la lucha contra la trata y tráfico de personas debe encararse de manera conjunta y articulada entre las instituciones que trabajamos en este tema.  Desde esa perspectiva estamos iniciando un trabajo que se pretende implementar en otras poblaciones fronterizas de las que tenemos reportes que podrían darse este delito”, señaló el Defensor del Pueblo, Rolando Villena. 

El Defensor Villena indicó que esta actividad, será replicada en zonas fronterizas de Brasil y Argentina, con cuyas autoridades de las instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, se han firmado acuerdos para emprender de forma conjunta una lucha frontal contra ese delito.

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