Critican alcance de proyecto de ley contra maltrato animal

La presidenta de Animales S.O.S., Susana Carpio, criticó que el proyecto de Ley Contra la Crueldad y el Maltrato Animal no brinde protección para los seres vivos que pierden la vida en ritos tradicionales y son usados para medicina natural. Además, señaló que la norma es inconstitucional.

La diputada Mireya Montaño, una de las proyectistas, indicó que el objetivo de la norma es proteger a los animales domésticos y comestibles. La norma dispone cárcel de seis a un año para el que maltrate a un animal hasta dejarlo dañado, mientras que matar un ser vivo por “ensañamiento o motivos fútiles” tiene privación de libertad de dos a seis años.    
 
Sin embargo, las disposiciones finales de la Ley, aprobada en Diputados, exceptúan de su aplicación a la medicina natural y ritos que se rigen de acuerdo a la cultura y tradiciones.

Al respecto, Carpio reclamó: “las llamas que se sacrifican a Satanás, al tío de la mina, no van a entrar (a la Ley), las gallinas que se emborrachan y se entierran vivas no van a entrar, y tampoco las ranas que se licúan las lagartijas de parches y los murciélagos que se usa su sangre para que no te dé enfermedad pulmonar”.

Montaño explicó que para aprobar la Ley se consideró que esta norma no podría afectar la cultura y ritos de las comunidades originarias.   

No obstante, la norma indica que estos ritos se deben realizar “evitando el sufrimiento innecesario y agonía prolongada”. Carpio observó que no se sabe qué mecanismo se usará para hacer cumplir esta condición. “Les podrán una anestesia, imagino que habrá un veterinario a su lado. No sé”, dijo.

La inconstitucionalidad

Carpio indicó que la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la protección de la fauna silvestre y animales domésticos es “competencia exclusiva” de los gobiernos municipales, pero los artículos 4 y 5 del proyecto de Ley nacional ingresan en este campo.
  
“El riesgo sería un Amparo Constitucional”, advirtió. Sostuvo que una persona procesada por esta Ley podría impugnar la constitucionalidad de la misma para librarse de una sanción.