Analfabetismo de personas con discapacidad llega al 50%

Según el informe de la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Legislativa, la tasa de analfabetismo de las personas con discapacidad en 2014 llega casi al 50% y que sólo el 2,27% del total de población en edad de estudiar está en escuela regular. Esta situación afecta más a las mujeres y a las personas sordas.

De acuerdo con los datos, son pocos los que concluyen la educación primaria, menos los que terminan estudios secundarios. Apenas el 1% cuenta con estudios superiores y la inclusión educativa de niñas, niños, adolescentes y mujeres con discapacidad, es limitada.

También detalla que son pocas las escuelas inclusivas y las experiencias sobre integración escolar no han dado el resultado esperado por una suma de factores como la falta de sensibilización a la comunidad educativa, la no realización de adaptaciones curriculares, insuficientes recursos pedagógicos, infraestructura inadecuada, pocos maestros especializados, etc.

Una de las principales dificultades que enfrentan es la inserción laboral, de ahí que la mayor parte de sus empleos están en el ámbito familiar o por cuenta propia; se desempeñan más en trabajos artesanales, comercio y servicios.

En relación a la salud, la Defensoría del Pueblo señaló que la ley N° 475 de Prestaciones de Salud, por primera vez incluye a las personas con discapacidad a los beneficios de la salud pública, aunque no cubre órtesis ni prótesis, sin embargo es un importante avance hacia la protección de esta población. 

“El ejercicio del derecho a la salud se dificulta debido a que el sistema de salud no responde a las necesidades de las personas con discapacidad. Los centros médicos no están equipados adecuadamente para atender a la población con discapacidad y los centros de rehabilitación no brindan atención y orientación eficiente y efectiva además que cuentan con pocos recursos humanos calificados. Tampoco existen protocolos de atención según el tipo y grado de discapacidad y no existen políticas de prevención y los servicios de educación sexual y reproductiva no están diseñados para personas con discapacidad”, indica el informe.

En cuanto al trabajo y empleo, si bien existe la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, los proyectos no son generalizados y continúan centrándose en acciones afirmativas muy concretas: panaderías, macramé, costura y kioscos.

Aunque constituyen un avance, de todos modos continúan en la esfera micro y contienen sesgos de género que alejan a las mujeres de estos beneficios.

En el área laboral las dificultades de inserción están asociadas a los bajos niveles educativos y falta de formación de las personas con discapacidad y desde la oferta, las percepciones y estereotipos sobre la productividad de las personas con discapacidad dificultan la contratación de esta población.

Pide trabajo conjunto

Por otro lado, Villena  pidió a las autoridades nacionales y locales del Estado que se trabaje de manera conjunta con las organizaciones y las instituciones responsables para garantizar el ejercicio y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

“Consideramos que la única forma de garantizar un efectivos cumplimiento de los derechos es articulando los esfuerzos y las normativas que benefician a esta población en planes consistentes y realizables; lamentablemente, hoy no vemos un trabajo coordinado que nos conduzca a un mismo fin y las acciones suelen ser dispersas o aisladas”, manifestó la autoridad.