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La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ratificó su rechazó a la decisión del presidente Evo Morales en disponer de un crédito de 150 millones de dólares provenientes del aporte de los trabajadores a las AFP’s para la “oligarquía camba” conformada por los agroindustriales de Santa Cruz.
A través de la resolución de un ampliado de emergencia, recuerdan que esos fondos son ahorros individuales “que no se deben tocar” y si el gobierno decide disponer, sugieren fortalecer el aparato productivo y económico del sector minero.
Los mineros asalariados del Estado aseguran que aportan el 13% del Impuestos al Valor Agregado (IVA) y consideran que tiene la suficiente moral para exigir al Ministerio de Minería, la reactivación del aparato productivo con una inversión real para el sector minero estatal y privado para general fuentes de trabajo.
El ampliado de emergencia realizado ayer en la ciudad de Sucre también analizó el reciente conflicto en la Caja Nacional de Salud y reiteró una tenaz defensa de la entidad aseguradora que se financia con el aporte particularmente del sector minero estatal.
Asimismo exigen la institucionalización de los cargos jerárquicos y eliminación de la “logia de médicos encaramados en la Caja Nacional de Salud”. Igualmente piden auditorías externas para detectar irregularidades al interior de la institución.
Rechazan el reciente paro de 72 horas y el anunciado paro general indefinido, porque da una mala imagen a la Caja de Salud, por lo que exigió la conformación de una comisión técnica y social de alto nivel para impulsar la reestructuración, donde los médicos sus funciones y se busquen a los mejores profesionales.
También el ampliado determinó rechazar el proyecto gubernamental del Seguro Universal de Salud y emplazó al gobierno a que en lugar de dividir los servicios de salud, construya más hospitales para cubrir a la población desasegurada.
La Federación de Mineros respaldó el juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Rudy Flores y Neldy Andrade, por haber repuesto mediante sentencia, la vigencia del pre-aviso, en una determinación contraria a las leyes y a la Constitución.
Además de exigir la inmediata anulación, los mineros advierten que en caso de no ser escuchados asumirán acciones directas, como la toma física de las instalaciones del Tribunal Constitucional, acompañadas de una movilización a nivel nacional.
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