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Crónica
Desde el 14 de octubre busca entrevista con un Ministerio


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Lunes, 24 Noviembre, 2014 - 10:48

*Por: Nayra Abal (La Pública)

Día 1 (martes 14 de octubre)

Con el objetivo de conocer más sobre el actual Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que se encuentra en revisión desde 2008, acudo a la instancia correspondiente: el Ministerio de Transparencia. En el lugar, la recepcionista, luego de preguntar quién soy y qué busco, me comunica con el encargado del tema por teléfono. Éste, después de interrogarme sobre mi lugar de trabajo y para qué quiero la información, me informa que las personas que pueden ayudarme no están, que ese día trabajaban en la Asamblea. Le dejo mi número de teléfono y correo electrónico para que se contacte conmigo cuando los responsables puedan darme una entrevista.

Lo que debió suceder

Con una normativa aprobada, como ciudadana tendría el Derecho de recibir o acceder a información sobre cualquier proyecto que sea de mí interés, sin necesidad de justificar nada más que ese interés. Pero, aun sin tener aprobada la ley, podría apelar a mi derecho a la información y la comunicación al que se hace referencia en el artículo 106, parágrafo I y III de la Constitución Política del Estado. (Esto no lo hago en primera instancia, para saber qué sucederá más adelante).

Día 2 (miércoles 15 de octubre)

Se me solicita una explicación más amplia del tema, además de una base de preguntas para una entrevista.

Lo que debió suceder

Cuando se solicita a una institución estatal información o acceso a una entrevista, lo usual en Bolivia es que se presente una carta. El informador suele incluso insistir en saber el para qué deseamos conocer información específica. Si hablamos de un Estado transparente, en el que la información está abierta, no tendría que haber limitaciones ni cuestionamientos. Es más, al hablar de datos abiertos nos referimos a la posibilidad de los ciudadanos de aportar a los proyectos de ley, no sólo a la posibilidad de debatir propuestas del Estado, sino al hecho de que nuestras ideas serán consideradas como parte de la agenda. Cabe decir, que actualmente existe información traducida en rendición de cuentas, salarios, POA, financiamientos, etc.; pero se la presenta en PDF que tarda en descargar y que sólo es entendible para personas que conocen el tema económico. Si la información se entregase en un formato “abierto”, personas e incluso movimientos podrían transformar esos datos complejos en datos sencillos y fáciles de comprender.

Día 3 (jueves 16 de octubre)

Envío la base de preguntas que me solicitaron. En ella pido saber en qué anda el Proyecto de Ley y si se contempla, a futuro, la apertura de datos para hablar de un Gobierno Abierto. También inquiero acerca de la forma en que la ley ayudará a dar transparencia a la gestión pública a través de los sitios web de los diferentes ministerios. En el despacho me preguntan: “¿Ya leíste el proyecto?; está en internet y no hay nada sobre sitios web en el ese proyecto”. Respondo que sí leí el documento y que en el Artículo 8 se refiere precisamente al contenido mínimo de un portal web. Entonces me prometen que verán la posibilidad de la entrevista.

Lo que se debe cuestionar

La situación sobrepasa la paciencia y esto sucede todo el tiempo, como bien saben (sufren) quienes trabajan en el tema de transparencia y para los ciudadanos de a pie. ¿Por qué? Falta de una ley, falta de consciencia acerca de su urgencia, desconocimiento de sus posibilidades y de que la información es “nuestra”. Como se dice, “wawa que no llora…”

Día 4 (viernes 17)

Me devuelven la llamada para informarme que la Ministra no podrá ayudarme con la entrevista. Yo no solicité una entrevista con la Ministra, sino con la persona que trabaja con el tema. Me preguntan una vez más si deseo conocer el marco jurídico o la parte “informática”; explico que quiero tener una visión global del tema, que quisiera entrevistar a las personas responsables de esas áreas. Me dicen que no tienen los mismos horarios. Convenimos en que se intentará organizar la entrevista.

Lo que se debe cuestionar

Una ministra (o ministro) tiene una agenda llena. Al ser así, ¿por qué existe una normativa según la cual toda la información debe ser brindada por esa autoridad?, ¿por qué ningún otro funcionario está autorizado para hablar del área en el que trabaja?

Y día tras día (viernes 20 de octubre - 14 de noviembre)

Continúo esperando la entrevista con dos funcionarios del Ministerio de Transparencia.

Los ejemplos de los vecinos

¿Qué ocurre en Latinoamérica?

En Chile, al haberse aprobado una reglamentación sobre transparencia activa, se brinda una guía para conocer los derechos y obligaciones, así como los tiempos y las restricciones de las instituciones. En ese sentido, las entidades chilenas tienen 20 días hábiles para entregar información solicitada por un ciudadano y si esta información no depende de una entidad, ésta debe remitirla a la entidad competente. A este plazo se pueden sumar 10 días, siempre que la información sea muy compleja y amplia (http://www.gobiernotransparentechile.cl/pagina/faq). Es decir que en Chile, el plazo para que se me brinde información ya habría fenecido.

Por otra parte, en Chile ciudadanía es la que aporta para crear herramientas de control o fiscalización para saber qué hacen los gobernadores. Por ejemplo, Del dicho al hecho (http://deldichoalhecho.cl/) es un sitio que permite comparar las promesas electorales de los candidatos y cómo éstas son puestas en práctica. Hay que recalcar que ésta y otras iniciativas se han mostrado tan efectivas e interesantes que incluso han sido adoptadas por el mismo Estado como una forma de evaluación de cada gestión.

Otros países y municipios implementan Gobiernos Abiertos, por lo cual la información que requerimos ya estaría disponible en un formato de datos abiertos. En http://data.buenosaires.gob.ar/ es posible ver que hay datos generados en la ciudad de Buenos Aires, conocerlos y reutilizarlos. También se ponen a disposición las aplicaciones creadas en base a datasets de su catálogo (Datasets son sets de datos, es decir un repositorio centralizador de un conjunto público de datos, por ejemplo Información de las intervenciones realizadas por Defensa Civil de la Ciudad, con referencia geográfica) y un Laboratorio con prototipos, visualizaciones y proyectos de código abierto.

En Uruguay (http://gobiernoabierto.gub.uy/) el trabajo de apertura de datos, iniciado con la Ley de Acceso a la Información Pública emitida hace cinco años, plantea los compromisos realizados en 2012 y presenta fondos para colaboración ciudadana, pero además brinda un Curso sobre la ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública, dirigido a funcionarios públicos. El mismo es interactivo, autoadministrado y en línea, por lo cual puede ser seguido por cualquier ciudadano que desee conocer aspectos generales de la ley.

No todo es perfecto. El Salvador (http://infoutil.gobiernoabierto.gob.sv/) anuncia un portal con información básica y útil sobre temas financieros, salud y educación, entre otros. Sin embargo, cuando se pincha el link de Transparencia activa, la página (http://www.transparenciaactiva.gob.sv/tag/gobierno-abierto/) no es visible.

Los bemoles del caso peruano

En el caso peruano, Antonio Cucho Gamboa, quien trabaja en un proyecto llamado ODPE - Open Data Perú (www.odpe.org), desde el cual se promueve el uso de información pública y apertura de datos, brinda una perspectiva sobre esa realidad.

¿Cómo se inició este proceso en su país? ¿Cuáles los avances y cuáles las mayores dificultades?

En Perú se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la que promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información. Si bien la mayoría de entidades e instituciones cumplen con esta ley, siempre hay que estar cuestionando la información que publican, que es donde muchas veces se encuentra la noticia. Ahora no toda la información es pública o es accesible en sus portales web, mucha de la información que se publica es información a medias o información general, no se incluye datos específicos o detallados. Para eso tenemos la Ley de acceso a la información pública que es donde realizamos los pedidos de acceso a la información (se realiza de manera directa con cada entidad, no tenemos una entidad reguladora), muchas veces te responden rápido y te dan la información; otras veces simplemente la niegan y hay que apelar por esta. Dificultades tenemos muchas, primero es que las páginas web no cumplen con ningún standard, la información que se pública es información a medias y muchas veces en formatos ilegibles.

¿Qué se espera que signifique o englobe un "gobierno abierto" para Perú?

El significado de gobierno abierto se define en un gobierno transparente con un diálogo más abierto y directo con el ciudadano. ¿Cómo? Pues haciendo mejores rendiciones de cuentas y haciendo pública toda la información, cumpliendo con las características necesarias para que la información sea abierta e inteligible.

¿Existe alguna guía en su país para entender lo que es una entidad pública "abierta"?

En realidad no tenemos una entidad pública "abierta", todas por ley tienen que transparentar sus actos (claro que muchas no cumplen), pero en su totalidad no son abiertas pues, como comenté, la información es a medias y hay que recurrir a la ley de acceso a la información para poder obtener más información y, claro, si a ellos se les da la gana de entregártela te la dan (no hay entidad que regule eso) y siempre hay que dudar de la información y fiscalizarla.

A través de este link se puede encontrar la definición de entidad pública en Perú: http://www2.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2010/RM-374-2010-PCM.pdf

En ese marco de amplia aceptación de las posibilidades de los Gobiernos Abiertos y el uso de datos abiertos, ¿qué espera Bolivia?

(Tomado de La Pública)

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