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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia Nº 0065/2017-S3 mediante la cual confirma la Resolución 064/16 de 18 de noviembre de 2016, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Noveno de Santa Cruz, ordenando a los ejecutivos de la Red Uno, incorporar a los empleados que fueron despedidos de manera injustificada.
La orden judicial está dirigida a Julio Alberto Romero Mercado, gerente general, Paola Andrea Zárate Perez, Jefe de Recursos Humanos, e Ivo Kuljis Futchner, propietario de la empresa televisiva Red Uno de Bolivia S.A para que se reincorpore a los accionantes de la acción de amparo constitucional.
En noviembre de 2016, la Juez cruceña resolvió otorgar "tutela” a los 23 trabajadores despedidos por reclamar el cumplimiento de un laudo arbitral que obliga al empresario, además del buen trato, a pagar horas extras, dominicales y aumento salarial.
Kuljis y los suyos resistieron el laudo, por lo que los afectados recurrieron en acción de amparo y ganaron en las dos instancias, que ahora son de cumplimiento obligatorio. El conflicto se presentó en julio del año pasado cuando se cumplió un paro de 53 días sin interrumpir la transmisión. En medio la empresa despidió a 23 empleados.
La acción de amparo fue presentada por José Luis Pattuy Pinto, Juan Carlos Quisberth Maldonado, Jorge Ricardo Añez Sánchez, Remberto Martínez Galarza, Fortunato Lima Gausace, Miguel Ángel Pardo Galvis, Javier Eloy Angulo Méndez, Erika Margot Cabrera Ledezma, Suelith Elixce Mejía Carrasco, Julio César Ribera Aguilera, Percy Fernando Caballero Manaira, Edwin Eloy Alemán López y Rebeca Javier Aldaba.
Los trabajadores a través de sus redes sociales, agradecieron el apoyo de todos los sectores del gremio periodístico, a la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, y sobre todo al secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, Héctor Aguilar Mercado, por su permanente apoyo a esa lucha por el respeto al derecho de los trabajadores.
El ejecutivo sindical en contacto con Erbol aplaudió la sentencia constitucional por sentar un precedente para que los propietarios de medios de comunicación deban respetar las normas laborales del país y el derecho que tienen todos los trabajadores no solamente de la prensa, sino en general.
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