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La Cumbre de Justicia de Sucre tuvo por lo menos dos cosas inesperadas: una, que los movimientos sociales no hayan aceptado el plan gubernamental de eliminar el voto popular para la elección de magistrados. Ello hubiera significado abrir la Constitución, algo que aparentemente el oficialismo busca para, en caso de ser necesario, meter de contrabando la reelección de Morales y García Linera para un cuarto mandato.
Y cuando todo parecía estar listo, los movimientos sociales dijeron No, cosa extraña considerando su aparente total dominio respecto del oficialismo; incluso uno de sus dirigentes calificó como “descabellada” la idea del procurador Héctor Arce, que propuso que Su Excelencia nombre a 22 de 33 magistrados, eliminando así el voto popular. Habría que recordar que fue Arce quien propuso primero, en 2008, la impresentable idea de que los jueces fueran elegidos por voto (aseguró que sería un “aporte boliviano” a la filosofía jurídica internacional). Una vez que su idea se comprobó como una de las peores de la historia reciente referidas a reformas estatales, no fue sancionado políticamente. Por el contrario, fue promovido por el Presidente, quien le dio la responsabilidad de conducir de facto la demanda marítima en La Haya además de ser Procurador del Estado. Pero esta vez, en la Cumbre de Justicia, por suerte, no lo escucharon.
Entonces, tras el No de los movimientos sociales, que habrá que seguir analizando, el Vicepresidente sacó de su chistera una propuesta que ni siquiera se había mencionado en las precumbres departamentales, pero que cumple el mismo objetivo: abrir la Constitución. Pidió que se apruebe la cadena perpetua contra los violadores de niños. Como si eso resolviera el problema. Hoy esos delincuentes obtienen 30 años de cárcel sin derecho a indulto. ¿Realmente el Vice cree que con cadena perpetua las cosas mejorarán? Bolivia es el país donde más violencia contra menores de edad existe en el continente y el segundo en cuanto a violencia contra la mujer. Ese problema tiene raíces sociales, históricas y culturales profundas, empezando por la misoginia y el machismo de las máximas autoridades, y por lo tanto no se resuelve aumentando las penas de cárcel. Sí es verdad que es una medida popular, que la mayoría de la gente respalda.
Pero el Gobierno no sabe todavía cómo actuar. Perdió el referéndum del 21 de febrero de manera inesperada, cuando solo 18 meses antes el Presidente había ganado su tercer mandato con 61%. Lo hizo también después del histórico fallo de La Haya contra Chile y cuando casi el 70% de los bolivianos consideran que la gestión presidencial es positiva. Pero una pésima campaña oficialista y la negativa del ciudadano a que una persona (dos, en realidad) se eternicen en el poder, entre otros factores, los hizo perder.
Entre los “otros factores” está, obviamente, el caso Morales-Zapata. Y ahora que las cosas están un poco más claras, y que existe evidencia de que la exnovia de Morales mintió abundantemente en este tema, aparentemente ayudada por numerosas personas, el Gobierno sigue evaluando si llamar o no a un nuevo referéndum. Yo preví, cuatro días después del 21F, que el oficialismo lo intentaría. Pero las dudas gubernamentales son evidentes. Se preguntan si es razonable pensar que el Gobierno volvería a perder. Me parece que sí. La primera encuesta realizada sobre el tema, publicada por la revista Poder y Placer y realizada por la Captura Consulting, señala que si un referéndum se repitiera, el Sí perdería otra vez, casi con los mismos resultados de febrero. O sea que la idea del Gobierno de que perdió por “una mentira” (la del hijo de Morales) no ha cuajado. Por lo menos hasta ahora.
¿Entonces qué? Entonces hay más peligro. Como Morales y García Linera no están dispuestos a abandonar el poder democráticamente, ni siquiera ante la posibilidad de que otro candidato del oficialismo pueda ganar las próximas elecciones, el país está marchando hacia un callejón sin salida. Ellos no se consideran inquilinos del Palacio de Gobierno, creen que son dueños. Por eso Morales-García Linera no se irán, no está en su ADN admitir que la democracia implica que el poder tiene límites y alternancia en el poder. Simplemente, con el apoyo de muchos tirasacos que los impulsan a quedarse para seguir medrando del poder, creen que están predestinados a gobernar por siempre. Como los Castro en Cuba. Como Mugabe en Zimbabue.
Por lo tanto, si las encuestas demuestran que podrían perder futuros referendos, el binomio Morales-García Linera intentará otras vías, todas inconstitucionales, para quedarse en el poder. Una opción es declarar, por decreto, que Morales pueda ser candidato en 2019. Otra es que el Tribunal Constitucional establezca, mediante consulta, que aquello es legal. La tercera es que el Legislativo se declare como un Poder Constituyente y reforme nuevamente la Constitución. Pueden haber más opciones. Pero estos dos amigos, por las buenas, no se irán. / Raúl Peñaranda U. es periodista. Twitter: RaulPenaranda1
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