EL ESTADO PLURI-FISCAL

Ahora que el Gobierno está entusiasmado con la posibilidad de introducir reformas en la Constitución Política del Estado se podría empezar por cambiarle el nombre el país. En vez de Estado Plurinacional propongo Estado Pluri-fiscal, considerando el gran poder que han adquirido estos personajes, que junto a jueces, policías y ciertos abogados han conformado redes de corrupción y de violación de derechos humanos que parece que nadie puede enfrentar.

El último caso es el del periodista Carlos Quisbert, de El Diario, quien fue enviado a San Pedro por el malhadado informe del fiscal Marco Antonio Vargas y la inopinada decisión de la jueza Lorena Camacho. Quisbert entró en el penal de Qalauma sin identificarse como periodista y le entregó a una detenida del denominado Caso del bebé Alexander dos notas manuscritas de otra involucrada en el que le pide que converse con el reportero y que le ayude a éste a identificar la verdad de los hechos.

Ninguna de las dos cosas es ilegal, deberían saberlo el fiscal y la jueza mencionados. Los periodistas tienen derecho, como cualquier otro ciudadano, de ingresar en los centros de reclusión y los internos tiene derecho a hablarles si así lo desean. Es una bobada gigantesca decir, como ha afirmado Vargas, que lo que Quisbert estaba haciendo era “obstruir” el trabajo de la justicia. Y la jueza no se queda atrás: decir que había “riesgo de fuga” del periodista y que por eso ordenó su internación en San Pedro no tiene base alguna. Quizás el problema está en el tema que estaba investigando Quisbert: la trágica muerte del bebé Alexander en noviembre pasado, que demuestra la chapucería e ineficiencia de los fiscales que, tras haber realizado ocho detenciones y decenas de entrevistas todavía no saben si quiera con precisión las causas de la muerte del infante. Menos aún quien fue el homicida, si existe alguno.

La fortuna de Quisbert es ser periodista. La ciudadanía se ha movilizado, lo mismo que el gremio de comunicadores, para ayudarlo. Incluso el ministro de Gobierno ha interpuesto sus buenos oficios. La campaña de presión está bien encaminada y Quisbert podría salir en libertad pronto (cuando se escribe esta columna seguía detenido). Pero es un solo caso. El drama de Bolivia es que las cárceles están llenas de “carlos quisberts”, inocentes que se cruzaron en un mal día con el trabajo indolente, deshumanizado, caprichoso y corrupto de algunos de los centenares de jueces y fiscales que trabajan en el país. A la Defensoría del Pueblo llegan decenas de esas denuncias. Una madre que implora ayuda porque a su hijo le robaron un celular y que el ratero luego cometió un delito. ¿Quién va a la cárcel? El pobre inocente a quien le sustrajeron el teléfono, no el verdadero delincuente. Un pobre vecino de una barrio paceño que fue denunciado por un malhechor y que el ente “fiscales-jueces-policías-abogados” lo metió a él a la cárcel, presiones y sobornos de por medio. La tragedia se multiplica por cientos y llega a todos los rincones del país.

El ente “fiscales-jueces-policías-abogados” comete barbaridades como las que encabezó el exfiscal Humberto Quispe, destituido (pero no aprehendido) gracias a una campaña realizada por los medios de comunicación. Ese ente quita vehículos a ciudadanos que cometen hechos de tránsito y luego exigen sobornos para devolverlos. Realiza volteos de drogas. Roba joyas. Coordina sus trabajos con grupos de delincuentes organizados. Ordena chantajes. Instruye detenciones irregulares. Y hasta acepta que se cometan torturas.

Por eso es que fue tan errada la pretendida reforma judicial boliviana, que se basó en la elección popular de los jueves. El gobierno creía que eligiendo a una veintena de nuevos magistrados en la cúpula de la pirámide se resolvía un problema que está en la base, justamente en operadores de justicia como Vargas y Camacho. Allí es donde debería enfocarse la reforma, además de en la simplificación de la norma y en la instalación, en cada barrio del país, de “jueces de paz”, que resuelvan los casos con prontitud, evitando así que el sistema judicial se parezca cada vez más a la Hidra de la mitología griega, esa que tenía la virtud de crear dos cabezas nuevas por cada una que se le cortaba. Mientras tanto, sólo me queda solidarizarme con los miles de bolivianos y bolivianas que hacinan las cárceles y que no saben cuándo saldrán libres. Muchos de ellos son inocentes.

Raúl Peñaranda U. es periodista