Por Daniela Vidal
El día miércoles 9 de agosto el juez de Rurrenabaque determinó medidas cautelares en favor de los derechos de los pueblos indígenas del norte de La Paz, esto implica la paralización de las actividades mineras ilegales en los ríos Beni, Madre de Dios, y sus afluentes los ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi y Quiquibey, debido al incremento de las operaciones de extracción de oro en esta temporada y el alto impacto de las mismas hacia la población asentada en sus riberas. Además, indicó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM como la entidad responsable de garantizar el cumplimiento de la medida precautoria y que, en caso de ser necesario, deberá solicitar el apoyo de la fuerza pública para tal fin.
Esta determinación se dio en el marco de la audiencia dentro de la acción popular interpuesta por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz – CPILAP referida a la vulneración de derechos colectivos, entre ellos a la salud, provocados por la minería aurífera en los ríos mencionados.
Dentro de la acción popular se encuentran demandados Rubén Alejandro Méndez, Ministro de Medio Ambiente y Agua; Marcelino Quispe, Ministro de Minería y Metalurgia; Álvaro Antezana, Director Departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM de La Paz; Santos Quispe, Gobernador deldepartamento de La Paz; Freddy Cruz, Secretario de Derechos de la Madre Tierra; y Demetrio Villca,Secretario de Minería, Metalurgia e Hidrocarburos, ambos del Gobierno Departamental de La Paz.
El juez también solicitó a instancias como el Ministerio de Salud y Deportes, el SENASAG, entre otros, la entrega de estudios e informes referidos a los impactos de la minería aurífera en la contaminación con mercurio de los peces, así como los impactos del mercurio en la salud de las personas. Dicha información, tiene el objeto de comparar y/o fortalecer las pruebas presentadas por la CPILAP que demuestran los altos niveles de mercurio en el cuerpo de la población indígena debido al consumo de peces contaminados por la minería aurífera. El juez dio un plazo de 30 días para que las instancias puedan presentar los informes. La audiencia se retomará el próximo 8 de septiembre.
Esta primera determinación del juez de Rurrenabaque es de gran importancia para la región del norte amazónico boliviano que - desde distintos frentes - viene resistiendo al crecimiento de la minería del oro realizada principalmente desde la ilegalidad y con altos impactos ambientales, sociales y culturales. Además, coincidió con la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, población que sufre en primera línea las afectaciones provocadas por la minería.