Por Fatima Monasterio
Durante el 3 y 4 de noviembre sesionó por quinta vez el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y determinó que la Amazonía es un ser vivo, sujeto de derechos, que está al borde del colapso.
El Tribunal estuvo presidido por el pensador brasileño Leonardo Boff y un panel de jueces de vasta trayectoria: los ecuatorianos Alberto Acosta y Yaku Pérez; Atossa Soltani, Carolyn Raffensperger y Osprey Orielle Lake de Estados Unidos; la peruana Rocío Silva Santiesteban; desde Chile Nancy Yánez; la Princesa Esmeralda de Bélgica; Enrique Viale de Argentina; Nnimmo Bassey de Nigeria y la inglesa Lisa Mead. Como fiscales de la Tierra ejercieron Pablo Solón y Julio Prieto.
Este prestigioso Tribunal se conformó en 2010 con el objeto de promover el respeto y la garantía de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, proclamada en Tiquipaya, Cochabamba. En esta ocasión atendió dos casos globales de violaciones sistémicas a estos derechos: “Las falsas soluciones a la crisis climática” y “La Amazonía como entidad viva amenazada”. Ambos casos vienen siendo investigados desde su primera sesión en Quito en 2014 y la evidencia recolectada es abrumadora.
La recordada condena que realizó este Tribunal al Estado Plurinacional de Bolivia por la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS y por la comisión del crimen de ecocidio resultante de los incendios forestales de 2019 y 2020 forman parte del caso global Amazonía. Este caso global reúne diversas sentencias: el proyecto hidrocarburífero Yasuní-ITT, la minería a cielo abierto en Cóndor Mirador y la contaminación petrolera por Chevron-Texaco en Ecuador; el caso de la afectación al río Xingu y sus pueblos por la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte en Brasil; la contaminación de las cuencas de los ríos Marañón, Pastaza, Corrientes y Tigre en la Amazonía peruana y, los impactos de Montaña de Oro en la Guyana Francesa.
A estos antecedentes se suman nuevas pruebas presentadas en Glasgow acerca de las presiones, amenazas y la vulneración a los derechos de la Amazonia como entidad viva. Durante la sesión, quedó evidenciado que los proyectos extractivos se están intensificando a lo largo y ancho del bioma amazónico: hidrocarburíferas, mineras, madereras, el agronegocio, la expansión de la ganadería, mega-hidroeléctricas, carreteras e incendios forestales. En nombre de un supuesto desarrollo, la proliferación de actividades extractivistas se reproduce en los nueve países que componen la Amazonía. Este falso progreso beneficia a unos pocos a costa de millones de seres humanos y no humanos que fomamos parte de la Pachamama y dependemos de ella.
De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, la dimensión de los impactos y daños acumulativos de estas actividades configuran “un ecocidio en curso” debido a la magnitud de la cifras de deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación, desecamiento de fuentes de agua y desertificación que afectan la capacidad de restauración natural de los ecosistemas de vida. Como si fuera poco, estamos cerca del punto de no retorno. Al mismo tiempo, se está consumando un delito de genocidio y etnocidio por afectación a la Naturaleza que brinda las condiciones necesarias para que los pueblos indígenas puedan vivir en sus territorios. Particularmente, el Tribunal ha alertado sobre la situación de los pueblos en aislamiento voluntario.
Las sentencias de esta instancia ética internacional son fuertes y claras en la condena a los Estados, empresas y bancos involucrados en la destrucción de la Amazonía. El Tribunal sigue los pasos iniciados con la Sentencia 4360 pronunciada por la Corte Suprema de Colombia en la que se reconoció a la región amazónica colombiana como sujeto titular de derechos y exhorta al resto de los países amazónicos a hacer lo mismo. A la vez, ha realizado recomendaciones para la restauración y reparación integral de los daños, que requieren, con urgencia, la suspensión de la expansión del extractivismo en la Amazonía.
Asimismo, el Tribunal se ha pronunciado en contra de aquellas falsas soluciones para salvar el planeta en general y la Amazonia en particular, que implican la mercantilización de la Naturaleza. En este sentido, ha resuelto la necesidad de impulsar un Acuerdo global especial diferenciado climático para la Amazonía y ha rechazado aquellos mecanismos de financiarización de la Madre Tierra como el Fondo LEAF y el Fondo para el Desarrollo Sostenible y la Bioeconomía de la Amazonía.
Como en otras ocasiones, el Tribunal ha vuelto a reconocer que los pueblos indígenas de todo el mundo cumplen un rol fundamental en la defensa de la Madre Tierra, por lo que ha emitido medidas específicas que llaman al cumplimiento de los derechos indígenas al territorio y a la autonomía. Es importante advertir que, si bien el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una instancia que no emite sentencias vinculantes, se fundamenta en los marcos normativos y obligaciones vigentes del derecho internacional y doméstico. Por lo tanto, está exigiendo, ni más ni menos, que el respeto al Estado de Derecho.
La experiencia nos ha demostrado que ninguna Constitución, ley o fallo judicial resuelve la conflictiva y destructiva relación con la Madre Tierra. Ni en Bolivia ni en la Amazonía ni en el mundo. Sin embargo, reconocer que cada vez más las y los defensores ambientales encuentran en los derechos de la Naturaleza un lugar donde darle curso a sus luchas permite indagar las posibilidades que estos tienen para configurarse como herramienta para la transformación social.