Por Rosa Talavera Simoni
Atravesaron distintos municipios sobre la ruta Trinidad - Santa Cruz de la Sierra y encontraron apoyo en la mayoría de ellos; otros, fueron indiferentes y, en alguno, les cortaron el agua para desalojarlos del lugar en el que descansaban. Partieron pocos, pero 36 días después del inicio, llegaron aproximadamente 600 personas que representando a 18 pueblos indígenas de tierras bajas, protagonizaron otra sacrificada marcha para defender sus derechos.
A propósito, en una entrevista realizada en el programa “Influyentes” de Radio El Deber el 29/09, LeonardoTamburini, un conocido abogado defensor de los derechos de los indígenas, hizo una valoración de la XI Marcha y dijo: que era “diferente”, no solo por quienes la integran y dirigen, sino por quienes “la apoyan”, sugiriendo alguna afinidad de los marchistas con sectores de la “derecha cruceña”. Lo mismo hizo, pero explícitamente y pocos minutos despuéspor Radio Panamericana, un dirigente de la CIDOB reconocida por el gobierno, quien llamó a “los marchistas afines a Camacho” a cobijarse en dicha organización para canalizar sus demandas.
Tamburini señaló otras diferencias: que la Marcha no se dirige a La Paz “lugar donde se resuelven (¿?) los problemas nacionales”; que tiene un “acompañamiento técnico” que no es el habitual (supongo que se refiere al de las ONG que no han apoyado esta marcha por su supuesta cercaníacon el Comité Cívico Cruceño). Sobre el primero de los temas señalados, Adolfo Chávez, uno de los dirigentes de la Marcha, dio una explicación razonable: ellos viven en tierras bajas y subir a La Paz les representa un riesgo de salud, adicional al implícito en el esfuerzo demarchar; en cambio, las autoridades nacionales tienen todas las facilidades (y la obligación) de desplazarse hasta Santa Cruz.
Sobre lo segundo, puede ser cierto que la gobernación de Santa Cruz esté apoyando a esta marcha, es más, institucionalmente, tendría hasta obligación de hacerlo, como lo han hecho, así fuera por mera solidaridad, varios municipios por los que la misma ha transitado, aun siendo sus autoridadesafines al partido de gobierno. Sin embargo, el apoyo más evidente, hablando de autoridades nacionales y departamentales, ha sido el del gobierno nacional, que pusovehículo, ambulancia y policías, para acompañar la Marcha. Obviamente, acompañarlos también le ha servido al gobiernoganar terreno, en un espacio que, desde el punto de vista político, está en disputa.
Por otra parte, desde la sociedad civil cruceña, a título personal o institucional, se han generado respaldos, y no meramente por razones humanitarias sino también por conciencia ambiental y democrática. Entre otros, han apoyado la UAGRM, la UCB, que han prestado asistencia médica, la plataforma Ríos de Pie y diversas juntas vecinales y personas individuales que han recogido vituallas y alimentos para enviar a los marchistas. El sentido de este apoyo se patentiza en el pronunciamiento de los integrantes del Museo Guaraní y Estudiantes por los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Justicia Ambiental: “Cuando una madre sale a marchar, embarazada, o con su hijo o hija en brazos, o toda la familia, es porque en su territorio ya no queda nada, ya no es posible la vida; porque los territorios son invadidos y avasallados por agroindustriales, ganaderos y colonizadores cocaleros del Chapare, que destruyen los bosques, la flora y fauna quemada, y en tales condiciones no es posible la vida para los pueblos indígenas”.
Tamburini cerró la entrevista afirmando que no se puede negar que hubo avances en cuanto a las reivindicaciones de los pueblos indígenas desde la Marcha de 1990, lo cual puede ser cierto, pero también lo es que, en los últimos años, hubo retrocesos significativos, como lo ha señalado un dirigente tan reconocido como Marcial Fabricano. Y por eso, es importante respaldar, sin ambages, la XI Marcha; no hacerlo y quedarse en el papel de meros observadores, por temor a que los Iyambae sea utilizados por la “derecha cruceña”, es subestimar su capacidad de discernimiento político o, lo que es peor, llevaría a admitir que los esfuerzos y recursos empleados para fortalecer la independencia de las organizaciones indígenas respecto de sectores o facciones políticasque les son ajenos, han sido poco menos que inconducentes.