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Según la encuesta realizada por la empresa Tal Cual Comunicación Estratégica sobre la intención de voto, publicada por el periódico Los Tiempos el pasado 27 de julio, el 90 por ciento de la población encuestada “asegura que el presidente Evo Morales no debe utilizar los vehículos oficiales para realizar campañas electorales, en La Paz el 87 por ciento opina que los candidatos del MAS deben hacer campañas con sus propios recursos”.
La percepción del electorado encuestado se dirige hacia el uso de vehículos oficiales, pero, en general la preocupación de la ciudadanía va más allá de solo ese hecho y tiene que ver con la publicidad y la propaganda electoral del actual gobierno, con la entrega de obras, a la que asisten el Presidente, el Vicepresidente y sus ministros en diferentes puntos del país.
La publicidad con fines proselitistas que favorecen al MAS y que se difunde por los medios de comunicación estatal: Canal 7 TV Bolivia, Periódico Cambio, Radio Illimani y la red de Radios Patria Nueva y de medios privados elegidos por el Ministerio de Comunicación, es con recursos procedentes del Tesoro General de la Nación. Por su parte, los candidatos de la oposición no tienen cabida en la programación de los medios estatales.
La publicidad y la propaganda estatal buscan apoyo y adhesión del electorado a través de la persuasión y el convencimiento, para que se vote por el candidato oficialista que saca ventaja de todo lo que hace, como si no fuera su obligación y el encargo social que el electorado le dio con su voto en las elecciones presidenciales de 2009.
La propaganda política debe ser equilibrada; en justicia, los candidatos oficialistas que terciarán en las elecciones del 12 de octubre deben abstenerse de utilizar recursos del Estado e ir en condiciones iguales que los candidatos opositores, que no disponen de las ventajas significativas de las que usufructúa el partido en función de gobierno.
El Presidente del Estado Plurinacional “pide no captar votos con regalos”, actitud nada más incoherente cuando el mismo da el ejemplo regalando sedes sindicales a periodistas de Oruro, edificio de cinco pisos a la Central Obrera Boliviana en La Paz, movilidades cero kilómetros a las Federaciones Universitarias Locales, 160 mil computadoras a estudiantes de sexto de secundaria de los colegios del país, como parte de su campaña electoral, aunque no quieran admitirlo así.
La publicidad y la propaganda electoral de parte del gobierno significan una erogación del Tesoro General de la Nación, al margen de que cuentan con la participación de las autoridades de las instituciones públicas que deben asistir a la proclamación de los candidatos oficialistas, ante una situación de desigualdad y desequilibrio para los otros cuatro partidos políticos, que quedan en franca desventaja de difundir sus propuestas y candidaturas hacia el electorado, que, dicho sea de paso, se siente bombardeado por mensajes radiales, impresos y televisivos del actual gobierno.
Es de esperar la intervención del Tribunal Supremo Electoral para regular el uso de los bienes públicos, a fin de que no se atente contra un derecho establecido en la Constitución Política del Estado, pero urge también la intervención de la Contraloría, que debe ejercer control administrativo para determinar indicios de responsabilidad financiera, tal como señala el Artículo 213 Párrafo I, asimismo, el Artículo 339, párrafo II Bienes y Recursos del Estado: “los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen una propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible, inexpropiable, no podrán ser empleados en provecho particular alguno”. Más claro, agua.
El autor es periodista y docente universitario
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