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Acabamos de concluir el año 2015, iniciamos un nuevo año 2016 cargado de ilusiones y esperanzas, pero también de retos y desafíos para el país que durante 10 años se encuentra bajo la presidencia de Evo Morales Ayma, reelegido como mandatario de la nación, a pesar que la Constitución Política del Estado no establece una tercera reelección y ahora nos conduce a un referéndum para modificar la constitución a su medida y con intenciones de ser otra vez candidato a la Presidencia en el año 2020.
A la finalización del año se acostumbra hacer balance de la gestión presidencial, para visibilizar los aciertos y los errores que favorecen y perjudican la gestión y eso mismo ocurrió precisamente en el Trópico de Cochabamba (Chimoré) durante la semana pasada, donde el Presidente se reunió con representantes de las organizaciones sociales para evaluar los alcances de su gestión gubernamental.
Luego del análisis de la situación del país, el Presidente señaló que una de las debilidades del gobierno es la administración de la justicia, dijo “Lo peor que tenemos en este momento es la justicia boliviana”, pero lo que no dice el Presidente es que la justicia está controlada por el gobierno así como los poderes del Estado y las organizaciones sociales que le sirven pleitesía, incluida la Central Obrera Boliviana, otrora organización de los trabajadores que imponía juicio crítico y marcaba el rumbo de la posición gremial frente al gobierno de turno.
Otro tema al que hizo referencia el Presidentees el relacionado al Fondo Indígena, afirmó que los dirigentes campesinos no roban dinero, que solo tienen fallas en el descargo de sus gastos, “Algunos dirigentes no han manejado bien (se refiere a los recursos económicos que disponía el Fondo Indígena), yo siento que no han robado, pero no han podido descargarse”. Como si no tuvieran un equipo de contadores y administradores que contribuyan en un manejo claro y transparente de los recursos estatales.
Esta afirmación hasta parece inocente, ni el mismo debe estar convencido de lo que dice, porque en los hechos en el Fondo Indígena se han dispuesto los recursos económicos para enriquecer las arcas personales de los dirigentes, pero también para financiar actividades que el gobierno promovía con las organizaciones sociales y que ahora están perseguidos por la justicia, pero esa persecución es también selectiva y no afecta a quienes ocuparon cargos de autoridad en el gobierno como la ex ministra Achacollo, que si hablará, dice que “rodarían muchas cabezas” en el propio gobierno.
En general, pasa que los militantes del MAS para quedar tranquilos con su conciencia, acusan a “la derecha, la oposición, a los gobiernos neoliberales” de haber mal gastado y robado los recursos del Estado, —tienen toda la razón—, pero no puede ser argumento válido cuando los ciudadanos bolivianos habíamos confiado con nuestro voto, para que el gobierno que se dice “de cambio”, administre la justicia y la economía del país en una actitud diferente a los gobiernos del pasado, que nadie discute que estuvieron plagados de corrupción, de favoritismo político, pero que ahora se repita con menor o mayor intensidad y que se vea como algo normal, le hace daño al país y a su propio gobierno.
Cuando el Presidente dice “la oposición quiere volver al pasado, quiere volver al neoliberalismo”, es otra afirmación que cae por su propio peso, porque el modelo económico neoliberal sigue vigente en el país, aunque el gobierno se ufana de ser un gobierno socialista y comunitario, el modelo económico no ha cambiado, sigue vigente y con más fuerza que antes.
De todas maneras, el referéndum del 21 de febrero será un buen indicador para saber la posición que asume el electorado frente a la modificación de la CPE y la reelección del Presidente y del Vicepresidente, pero está claro, que las debilidades que tiene el gobierno, serán un escollo difícil de cambiar en el imaginario de los electores. Entre tanto, Feliz Año Nuevo 2016.
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