CORRUPCIÓN MASISTA, UNA RAYA MÁS

El video de la extorsión ejercida por el ex-mayor de Policía, Omarchea en Miami, Estados Unidos (EEUU) a un empresario boliviano y la carta del ex-fiscal Marcelo Soza, revelando algunos nombres de funcionarios del gobierno ligados a hechos de corrupción, han incomodado grandemente a los hombres del Palacio quemado, al punta tal de obligarles a salir, poco menos que en fila india, ante los Medios. Recordemos que el video referido formó parte del juicio que se le siguió en EEUU al ex-mayor de la policía boliviana, por delinquir en ese país y que la carta publicada por Soza, apareció cuando éste se fugara del país, a vista y paciencia de las autoridades judiciales y policiales, para no responder a las numerosas denuncias por extorsión, a propósito del caso denominado “terrorismo” e investigado por el ex–fiscal.

Apenas conocidas ambos  elementos (el video y la carta), reinó un silencio cómplice en filas del gobierno para, luego de la sorpresa, poner en marcha lo que seguramente en la dirigencia del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), se considera una estrategia, orientada a contrarrestar el impacto de tales denuncias. La brillante “estrategia” (si es que de esa manera puede llamarse a los balbuceos del gobierno) fue activada por AlvaroGarcia Linera, en su calidad de vice-presidente y consistió nada más y nada menos en una conferencia de prensa, para “desmentir” de manera infantil, el contenido de ambos documentos. Al día siguiente, cual loros adiestrados, ministros y ministras dieron rienda suelta de sus destrezas de aprendizaje del desmentido y repitieron lo que Linera había señalado a la prensa: que se trata de documentos de delincuentes; por lo que no merecerían mayores comentarios. Para finalizar esta penosa muestra de manotazos de ahogado, salió Evo Morales ante los Medios, para denunciar que la actitud de EEUU constituye una amenaza hacia Venezuela (¿!).

Vistas así las cosas y asumiendo que estos tristes hombres, hoy en el gobierno, asumen con seriedad lo que hacen, es de suponer que creen realmente en la madurez y responsabilidad de sus acciones. A la luz de las declaraciones de Garcia Linera, por tanto, basta anotar que el video muestra un pleito entre dos delincuentes, para que el impacto negativo causado por su publicación quede superado. Esperar que los ministros puedan reflexionar al respecto es inútil, ya que estamos ante una organización política en la que poco menos está prohibido pensar y por lo tanto a ministros y ministras no les queda otra alternativa que hacer el ridículo, repitiendo ante la prensa los mismos “argumentos” infantiles de Linera. El total despiste (¿aparente o real) de Evo Morales, en el fondo es congruente con sus reiterados llamados a delinquir, que la ciudadanía no olvida.

Tratemos de reflexionar con alguna seriedad respecto al impacto de tales revelaciones, en la salud del sistema democrático. El primer elemento a anotar es el referido a la percepción de la opinión pública, luego de la revelación de ambos documentos, para con las instituciones estatales y sus momentáneos administradores, es decir las “autoridades” de gobierno. Nadie podrá negar que una vez más se tiende una sombra de descrédito respecto a las instituciones estatales, en particular hacia la fiscalía y la policía. Es cierto que los delitos son cometidos por las personas y no por las instituciones, pero la ya larga lista -en lo que va este gobierno- de personas enjuiciadas por corrupción y pertenecientes a ambas instituciones, lleva a pensar que en el fondo estamos ante una causa sistémica, que explica el fenómeno. Se trata de un descrédito por doble partida: primero, por el hecho evidente de la corrupción y en segundo término, porque el discurso oficial de ambas instituciones señala que la lucha contra la corrupción y la delincuencia es uno de los principales objetivos que persiguen. En consecuencia, no quedan únicamente las instituciones faltas de crédito  ante la opinión pública, sino los propios principios de ambas instituciones. ¿Qué valor pueden tener los principios, si éstos simplemente no son asumidos por sus miembros, vistos los muchísimos casos de corrupción en ellas?

Para el sistema político boliviano, el impacto negativo por tanto es mayor. Lo es, porque hablamos de un sistema en el que la frontera entre la institucionalidad y los operadores es muy débil, a vista de la población. Recordemos que hablamos de un sistema débilmente estructurado y con pocas posibilidades de desarrollo. Pocas, entre otras, porque el caudillismo (parte inherente de nuestro sistema político) dificulta un mayor desarrollo y a la vez desdibuja las líneas divisorias entre institución y equipo administrativo. Si ya un primer elemento del impacto se refiere a la percepción negativa, un segundo elemento nos habla de un orden sistémica basado en el principio implícito del caudillismo, en el que por tanto las posibilidades del desarrollo institucional quedan relegadas a los intereses del grupo de caudillos, es decir del grupo gobernante.

Estos elementos, finalmente, deben aún matizarse con una nueva consideración, a fin de sopesar el impacto negativo que comentamos. Recordemos que en el caso de la institucionalidad estatal boliviana, hablamos de la construcción de un orden, sobre la base de una falla estructural. Nos hemos referido con abundancia en diversas columnas al respecto y basta mencionar que se  trata de la no correspondencia entre la cultura política mayoritaria en la población y el ordenamiento institucional del Estado. Puede decirse que a la luz de dicha falla estructural, los impactos negativos sobre el Sistema Político boliviano son mayores, ya que se activa el desencuentro latente entre Estado  y sociedad (dicho genéricamente), a partir, en este caso, del descrédito provocado a raíz de la publicación de ambos documentos y “respondidos” de manera lamentable por el gobierno del MAS.