Por Fátima Monasterio
Desde el 1º de julio cualquier quema que se produzca en Bolivia será ilegal y estará sujeta a sanción. Así lo ha determinado la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a través de la Resolución Administrativa 13/2021. Esto quiere decir que los permisos que dicha entidad hubiese otorgado para realizar desmontes en determinados predios, y luego ejecutar quemas controladas sobre los mismos para su limpieza, estarán vigentes sólo hasta el 30 de junio.
No es algo nuevo. Ya en agosto de 2019 y de 2020 respectivamente, la ABT resolvió suspensiones temporales similares. Esta vez la decisión parece más oportuna, pues previene la utilización del fuego en meses en que la sequía y las fuertes ráfagas de viento podrían coadyuvar a su propagación. Pero no es suficiente: muchos de los incendios forestales se generan a partir de quemas ilegales que se sancionan únicamente con multas insignificantes que luego, engrosan largas listas de deudores morosos del Estado. Aquí se prende fuego con total impunidad.
Tampoco son suficientes las acciones planificadas por la plataforma interministerial que encabezan las carteras de Medio Ambiente y Defensa y que, en las últimas semanas han llenado las redes sociales haciendo eco de la activación de un plan nacional que tiene el objetivo de mejorar las capacidades institucionales de combate del fuego.
Hace falta una estrategia integral que apunte a las causas estructurales, la prevención de nuevos incendios forestales y a la efectiva restauración de las áreas quemadas.
Los datos que nos dejan los incendios de las últimas dos gestiones son desgarradores: en 2019, el fuego arrasó más de 5 millones de hectáreas. Una cantidad similar se quemó en 2020. De las hectáreas afectadas durante el último año, cerca de 1.5 millones corresponden a áreas de cobertura boscosa y áreas protegidas nacionales.
Año tras año nuestros bosques se convierten en una hoguera que destruye la vida de animales y árboles. La muerte crece al ritmo de los intereses del negocio agropecuario. En tanto, existe en nuestro país un andamiaje legal e institucional que permite y promueve el avance de la frontera agrícola convirtiendo el monte en campos de cultivo de soya o en pastizales para ganado. Para demostrar una clara vocación de cuidado y defensa de la Madre Tierra es inevitable trastocar esas causas profundas.
Se ha repetido hasta el cansancio: si el objetivo es evitar un tercer ecocidio, se debe abrogar el conjunto de normas incendiarias.
Aunque también existen otras medidas que pueden ayudar a prevenir el desastre.
Por un lado, es necesario que el nivel central y las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias establezcan prohibiciones de desmonte y quemas en áreas que sean identificadas como susceptibles al descontrol del fuego, o que deban ser protegidas para su efectiva restauración. La limitación deberá incluir las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) y las “áreas de cicatrices”, a fin de evitar la consolidación del cambio de uso de suelo.
Se puede destacar, por ejemplo, la última determinación del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GDALP) de “prohibir toda forma de quema o chaqueo en los municipios de su jurisdicción”, a la luz de lo establecido en la Ley No. 602 de Gestión de Riesgos. A pesar de que dicha resolución se enmarca en el contexto de la lucha contra el covid-19, debe ser la línea a seguir por las gobernaciones de Santa Cruz y Beni como medidas efectivas para evitar los incendios forestales, más allá de los reclamos al Gobierno Nacional y el uso político de los mismos.
Por otra parte, para hacer cumplir con la determinación de la ABT y fortalecer la capacidad estatal de control de las quemas ilegales a partir del 1 de julio, los esfuerzos no pueden concentrarse en el nivel central. Cualquier acción debe ser participativa e incluir a las entidades autónomas, y en especial a las organizaciones de los territorios indígenas y a los productores locales. Para ello, es fundamental que se transparente la información sobre los derechos vigentes de tenencia, uso y aprovechamiento de la tierra y el bosque, solo así las gobernaciones, municipios, gobiernos indígenas y la sociedad civil podrán ejercer un control social efectivo.
Asimismo, para combatir efectivamente la ilegalidad, se precisa modificar la regulación vigente que establece meras multas económicas a los desmontes y quemas que se hacen sin autorización. La impunidad será la regla mientras no existan sanciones efectivas e incentivos positivos de uso alternativo al fuego.
Finalmente, algo muy importante: el Estado debe paralizar y auditar el desordenado proceso de distribución de tierras, que sienta las bases para el desastre que año a año sufren los bosques, sus animales y su gente.
De no tomarse estas medidas urgentes, todo indica que este 2021 la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonia volverán a arder.
Aún estamos a tiempo de evitar que el desastre se repita.