Opinion
ELIMINANDO A LOS POBRES
Ser Crítico
Consuelo Espinoza
Jueves, 30 Marzo, 2017 - 15:36

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¿Qué hubiese pasado si Eva Quino, la niña de 12 años que murió de hambre a mediados de marzo en la ciudad de El Alto, no hubiese nacido? Lourdes, su madre, hubiese tenido una boca menos que “alimentar”, un hijo menos de quién preocuparse. Sin embargo, ¿un niño menos en la vida de Lourdes hubiese mejorado sus condiciones de vida?

Según el artículo 157 del proyecto de ley del Código Penal, que despenaliza el aborto en situaciones de pobreza extrema, entre otras causas, Lourdes Quino, por su condición de clase, es la candidata “perfecta” para acceder a una interrupción voluntaria amparada por el Estado, ya que cumple con todos los parámetros requeridos.

Es decir, Lourdes y su familia viven en pobreza extrema que es el estado más grave de pobreza, ya que no pueden satisfacer su necesidades básicas para vivir como: disponibilidad de alimentos necesarios para nutrirse, una vivienda digna o acceso a los servicios de salud.

Es inquilina, al mes debía pagar 200 bolivianos por un habitación 4x4 en el que caben dos camas y algunas otras pertenencias, y tiene bastantes hijos, cinco –sin contar a Eva.

De despenalizarse el aborto bajo el argumento de pobreza extrema, Lourdes Quino, si así lo hubiese deseado, hubiera acudido a un centro médico autorizado para interrumpir su embarazo en condiciones seguras, claro, y no formaría parte de las 480 mujeres que anualmente mueren en Bolivia a consecuencia de abortos mal practicados, ni sería parte de las 115 mujeres que diariamente acuden a hospitales del país por complicaciones relacionadas con abortos clandestinos, cifra que convierte a Bolivia en uno de los países con la más alta tasa de aborto del continente después de Haití: entre 40.000 y 60.000 por año, en su gran mayoría, mujeres pobres.

De haberse practicado un aborto, su hija Eva, que además sufría de epilepsia, no hubiese vivido en las condiciones inhumanas en las que vivió, ni habría padecido de desnutrición crónica por falta de alimentos que finalmente acabó con su vida.

¿Y qué de sus cinco hermanos? Alan, el mayor de 19 años, Antonio de 13, Serafina de 7, Andrés de 8 y Paola de 3 años, o los miles de niñas y niños que a diario como Eva no tienen qué comer.

Lamentablemente, el caso de Eva no es excepcional. De acuerdo a los últimos datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 17% de la población en Bolivia vive bajo condiciones de pobreza extrema. Un millón 700 mil habitantes pasan hambre todos los días, es decir, 33 de cada 100 bolivianos viven en las mismas condiciones que Eva Quino y su familia.

La situación es peor en el área rural donde, según la CEPAL, el 54%, es decir, 54 de cada 100 habitantes son pobres y los que viven en pobreza extrema llegan al 36%, lo que equivale a una tercera parte de la población.

De autorizarse el aborto por razones de pobreza extrema establecida en el nuevo Código Penal, esos niños y niñas no vendrían a este mundo. Se reducirían seguramente las cifras espeluznantes de muertes maternas por complicaciones del aborto, pero, ¿es ésa la solución a la problemática estructural del país que es la pobreza ligada estrechamente al aborto?

Lourdes Quino habría tenido una hija menos. En teoría, de acuerdo a la propuesta del gobierno, se habría sometido por única vez a una interrupción voluntaria de su embarazo por medios cualificados, en condiciones sanitarias idóneas y siempre en centros de salud autorizados o públicos. ¿Cambiaría eso su crítica situación de vida como la de su familia?

¿Qué hay detrás de la política de aborto del gobierno de Evo Morales dirigida a mujeres en condiciones de precariedad y pobreza?

Eliminar la pobreza eliminando a los pobres

Se trata de una filosofía que no es nueva en el mundo, pero, a diferencia de este gobierno que se dice de izquierda, fue practicada por gobiernos de derecha, por neoliberales. Por un sistema de capitalismo salvaje que ve en la eliminación de los pobres la solución a los problemas sociales y económicos del mundo.

Basta recordar las palabras del ex presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1968 cuando afirmó que cinco dólares por cada pobre en anticonceptivos representaban 100 dólares por cada pobre en proyectos de desarrollo.

O los casos de esterilización forzosa a las que fueron sometidas cientos de mujeres campesinas en Bolivia y Perú, por mencionar algunos países, en las décadas de 1960 y 1990.

Crear mejores condiciones médicas para el aborto es una solución parcial al problema. El Estado está obligado principalmente a crear políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con educación, información, acceso gratuito a la salud, con mejores empleos que, efectivamente, saquen de la pobreza y pobreza extrema a familias como la de Lourdes Quino que tiraron por la borda los datos manejados por el gobierno en sentido de que entre el 2006 y el 2015 más de 2 millones de bolivianos salieron de la pobreza extrema.    

Se trata de procesos de desarrollo social y económico que vayan a la par de políticas públicas de educación e información integral dirigida a hombres y mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos, acceso gratuito a servicios de salud reproductiva, métodos anticonceptivos, atención posaborto y apoyo psicológico.

Sólo así las mujeres podrán ser dueñas y soberanas de sus cuerpos, cuando hayan tomado conciencia de sus derechos y obligaciones que las llevarán a tomar decisiones autónomas sin que importen las críticas patriarcales y moralistas.

La autora es periodista y politóloga

Twitter: @consuelo4470