Por MarielleCauthin*
“No vamos a permitir que hayan cultivos de coca en parques nacionales ni reservas forestales”, declaró el presidente Luis Arce en el municipio de Chimoré en Chapare, refiriéndose a los datos de Naciones Unidas que demuestran que en 2020 hubo un incremento del 15 % de cultivos de coca en el país y que este aumento afectó a seis áreas protegidas: IsiboroSécure, Carrasco, Madidi, Apolobamba, Cotapata y Ámboro.
Para no permitir más cultivos de coca en áreas protegidas es necesario saber ¿cuánta coca hay en estas áreas? pues aunque los medios replican la existencia actual de 454 ha, en los hechos esta cifra se eleva a 2.769 ha, si se toma en cuenta los cultivos “saneados” que persisten al interior del Parque Nacional IsiboroSécure y Parque Nacional Carrasco; lo que representaría el 9,4 % de la producción total de coca a nivel nacional(29.400 ha) y el 26,1 % de toda la coca producida en el Chapare la pasada gestión (10.606 ha), según el último monitoreo de la Oficina contra las drogas y el delito de Naciones Unidas (Unodc).
Este dato subraya la importancia cuantitativa de estos cultivos para la producción de hoja de coca en estas áreas que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) saneó en 2014: el llamado “polígono 7” al interior sureste del parque IsiboroSécure y la denominada “línea roja” dentro el parque Carrasco, según informe del INRA INF-DGS JRV 269/2014 (Unodc, 2015). En el caso de ambas áreas protegidas la frontera de sus líneas rojas obedece a procesos de ocupación por colonos productores de coca a partir de los años 70 u 80 (Sernap; Rumbol, 2011). En el IsiboroSécure el saneamiento del INRA de 2014 otorgó títulos de propiedad individual a los sindicatos campesinos colonos del polígono 7 en calidad de “74 comunidades”, que se dedican casi exclusivamente al cultivo de coca. Evidentemente el saneamiento de estos predios no frenó el avance de nuevos cultivos y actividad del narcotráfico, al punto que los últimos años se han desmantelado megalaboratorios de cocaína y pistas de aterrizaje para el narcotráfico en distintos puntos de este parque nacional, según reportes del Ministerio de Gobierno.
Las dotaciones de tierras que hizo el INRA en 2014 se ampararon en el parágrafo II del Art. 385 de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre áreas protegidas que dice: “Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”. Empero, en el caso del polígono 7 en el Parque IsiboroSécure es de notar que esta área quedó fuera del saneamiento de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) –dicho sea de paso la TCO está a nombre de la Subcentral del TIPNIS, que representa a comunidades indígenas moxeñas, yurakarés y chimanes; y no a comunidades campesinas-; y que los sindicatos campesinos poseen títulos de propiedad individual, por lo que en los hechos en el llamado polígono 7 no hay una sobreposición entre área protegida y un territorio colectivo titulado Indígena Originario Campesino (IOC).
El problema con el saneamiento del INRA -que derivó en la titulación de tierras antes avasalladas en los dos parques- es que a partir de su aplicación dentro del monitoreo de la Unodc propicia que los cultivos que figuraban como ilegales dentro las áreas protegidas hasta 2012, pasen a contabilizarse como legales y a formar parte del área monitoreada de cultivos “en zonas autorizadas” en el Trópico de Cochabamba, según la Ley general de la coca. Como consecuencia, la superficie cuantificada de cultivos de coca en el parque IsiboroSécure y parque Carrasco muestra desde 2014 la ilusión de un gran decremento, cuando la realidad es que los cultivos se mantienen. De hecho, estos parques han mantenido hasta 2020 una superficie permanente de cultivos de coca entre las 1.000 y 1.600 ha cada uno.
¿Qué hacer con los cultivos de coca en los parques nacionales y reservas forestales? ¿Es posible “no permitirlos” como dice el presidente Arce? ¿Correspondería volver a poner sobre la mesa la revisión de este polémico saneamiento o cambiar el tipo de actividad agrícola cocalera que se realiza en las zonas avasalladas dentro las áreas protegidas? Mientras tanto, es urgente la erradicación de los cultivos de coca dentro los parques nacionales en las zonas totalmente prohibidas, como establece el Art. 17 de la Ley de coca. También hay una sentida ausencia de estudios de impacto ambiental sobre la expansión de monocultivos de coca, uso y liberación de agroquímicos y de sustancias controladas, así como tampoco hay datos sobre afectación a fauna, pérdida de bosques y/o reforestación en zonas que sufrieron erradicación dentro de estas áreas biodiversas.
*Es investigadora socioambiental.