El Juzgado 7° de Instrucción en lo Penal de La Paz determinó la condena de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, a cumplir en el penal de Chonchocoro, contra Gabriel Edmundo Montalvo Rodríguez y Wilfredo Luis Santos Salazar, de 50 y 31 años de edad respectivamente, por ser autores confesos del delito de asesinato cometido en contra de María L.V.J. y su hija Miranda L.T.V., de 64 y 22 años.

El Ministerio Público atribuyó ese hecho a motivos económicos, tal como había anunciado el ministro de Gobierno y autoridades de la Policía Boliviana. Dentro del mismo caso, el juez determinó detención preventiva para José L.S.S., de 29 años, por presunta complicidad a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro.

El fiscal departamental William Alave Laura informó que la Comisión de Fiscales a cargo de Gustavo Valdez y Sarina Guardia, presentaron las pruebas colectadas durante la investigación preliminar: el acta de indicios materiales, el acta de autopsia médico legal que determinó como causa de muerte la asfixia mecánica por sofocación, entre otros.

Indicó que los autores admitieron su responsabilidad y solicitaron acogerse a la salida alternativa de procedimiento abreviado que dio lugar a la sentencia con la máxima pena.

El tercer involucrado, quien habría conducido el vehículo para trasladar los cuerpos y a su hermano hasta la comunidad de Ponguini del municipio de Viacha, donde fueron enterradas las víctimas y tendría los celulares, deberá permanecer en el penal de San Pedro con detención preventiva mientras se desarrolla la investigación y se determina su grado de participación, según nota de prensa oficial.

“De acuerdo a la teoría criminal, el tercer involucrado sería el garante necesario en el crimen que se cometió en contra de una madre y su hija”, dijo Alave.

El pasado 4 de febrero de 2024, los familiares de María y Miranda reportaron su misteriosa desaparición. A partir de ello, la Fiscalía inició la investigación por el delito de trata de personas.

Según el informe de acción directa, el 08 de febrero de la presente gestión, el inquilino de las víctimas entró en contradicciones durante las comparaciones y constataciones de las cámaras de seguridad del domicilio. En ese marco, durante su segunda entrevista policial, terminó confesando que él junto a un albañil, al que debía pagarle 3.500 dólares, quitaron la vida a ambas mujeres y después trasladaron los cuerpos hasta el municipio de Viacha con ayuda del hermano del albañil.