La empresa española IME Consulting se pronunció respecto al caso respiradores, adquisición en la cual actuó como intermediaria de distribución. Negó que haya existido sobreprecio o que algún funcionario haya pedido una “comisión”, sin embargo, reveló que un señor de apellido Humerez había pedido “un aporte” el cual fue rechazado.

Si bien la empresa, en su pronunciamiento, no precisa el nombre de Humerez, se conoce que en los contactos para la adquisición actuó el empresario Luis Fernando Humérez, quien primero se presentó como testigo clave y después pasó a acusado y fue enviado a la cárcel con detención preventiva.

La empresa aseguró que “ningún funcionario del gobierno pidió absolutamente nada por la compra y ningún empresario ni representante de la distribuidora o la fábrica ofreció comisión alguna”, aunque ratifica que un señor de apellido Humerez pidió “un aporte que fue rechazado con firmeza”, según una nota de prensa.

IME Consulting también reveló que el 7 de mayo recibió la solicitud de cotización de las unidades a través de una nota dirigida por el entonces director de Adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, quien ahora también está detenido.

Después, según el intermediario, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM) tomó contacto con IME e intercambiaron información sobres temas técnicos, mantenimiento, garantías, transportes, etc, antes de decidir la compra.

IME reveló que hizo un adelanto de 250.000 euros de su propio dinero a la fábrica para asegurar los equipos para Bolivia, “acto realizado con total buena fe y con la plena confianza de que se estaba con un Estado serio con el que no se había firmado ni el contrato”.

La distribuidora sostuvo que las “comprensibles” presiones del gobierno boliviano para que los equipos fueran enviados en un plazo “impensable”, determinaron que, “bajo un principio de buena fe”, no se elaboraran los anexos que contemplaban entre otros, el cambio del equipo básico al Advanced, decidido a último minuto”

El precio

IME Consulting sostuvo que el precio de los ventiladores “fue de $us 26 mil más un 8% incluido por el gobierno boliviano, pues debían retener esa cantidad como garantía de cumplimiento del contrato”.

Detalló que el precio de fábrica de los equipos, “con todo y los accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento, fue de € 14.790,00 y no los € 6.500,00 que se informaron”. 

Anteriormente, el fabricante GPA Innova afirmó que había vendido los equipos a un distribuidor a 6.600 euros por unidad con accesorios.
 
“A ese costo, debe añadirse gastos, debidamente documentados, de despacho y aduana, impuestos en España, gastos legales y otros, que afectan a cada respirador en su valor a € 3.403,82, lo que representa un valor aproximado por respirador de USD 18.500,00 (dólares americanos), sin contar con los gastos de transporte y el margen de la empresa, que fue de alrededor de US$ 5.500”, añadió IME Consulting.

La compañía informó que ha estado proponiendo soluciones al gobierno boliviano desde el 20 de mayo, entre ellas la de renunciar a sus márgenes de utilidad para que los equipos comiencen a funcionar, “pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta”.