La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su rechazo a la reducción de hasta el 30% de la masa salarial y del 10% en otros gastos en las empresas públicas productivas, que -según la organización sindical- el Gobierno tendría la intención de aplicar en el marco del Decreto Supremo 5516.

El artículo 22 del referido Decreto establece que las entidades y empresas públicas deben presentar un programa de racionalización de personal y optimización de cargos, en el marco de la austeridad..

Sin embargo, la COB considera que la política de austeridad no puede aplicarse de forma indiscriminada a todas las empresas públicas, especialmente a las productivas, que generan divisas, recursos propios y empleo directo e indirecto para miles de trabajadores en el país.

Sostuvo que estas empresas “no representan una carga para el Estado ni para el Tesoro General de la Nación”, sino que en varios casos son autosostenibles, fortalecen el aparato productivo nacional y contribuyen al desarrollo económico.

Asimismo, la COB, mediante comunicado, alertó que aplicar reducciones estructurales en estas entidades, sin políticas que garanticen la soberanía económica, podría debilitar su capacidad operativa, afectar la producción nacional y poner en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

Ante este escenario, la COB exigió al Gobierno garantizar que ninguna medida administrativa o económica afecte la estabilidad laboral, la producción nacional ni el funcionamiento de las empresas públicas estratégicas.

Además, demandó que cualquier decisión que incida en la estructura o funcionamiento de las empresas públicas productivas sea previamente discutida con las organizaciones sindicales y con la COB en el marco del diálogo social.