La Asociación Comunitaria para la Comercialización de la Fibra de Vicuña Bolivia (ACOFIVB) informó que ha obtenido esta semana la autorización para la décimo sexta venta del recurso natural aprovechado el año 2024, por parte del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Desarrollo Forestal.

El acto de entrega del documento se realizó en un local céntrico de la ciudad de La Paz, donde el viceministro, Gilvio Janayo en compañía de sus técnicos, asistió a la asamblea nacional que organizaron las comunidades y que esperaban la autorización, según nota de prensa de la ACOFIVB.

Este tema generó controversia debido a que empresas locales denunciaron que los vicuñeros concentran las ventas hacia el exterior, en desmedro de la industria nacional.

La ACOFIVB defendió su sistema de comercialización que y acusa a un grupo de empresarios locales y artesanos de intentar desacreditar el sistema comunitario con argumentos infundados, como el supuesto fomento a una industria nacional inexistente.

Según los vicuñeros, los empresas locales tienen discursos nacionalistas que en realidad buscaban obtener fibra a precios bajos, en perjuicio de las comunidades.

Pese a los antecedentes, el Viceministro manifestó que “es histórico el consenso obtenido porque todas las actividades de comercialización que se van a desarrollar (hacia adelante) están garantizadas en el área jurídica”. Sin embargo, la autoridad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua no descartó que en durante venta de la fibra de vicuña este año, no existan las impugnaciones, “porque la norma es amplia y todos tenemos derechos los usuarios, proveedores y consumidores como lo establece la CPE”. 

El Viceministro que asistió a la asamblea nacional de ACOFIVB, donde fue cuestionado por René Paca, Presidente de la Asociación Regional WilaKhollu que agrupa a 11 comunidades manejadoras de vicuña en los municipios de Quillacas y Huari del Departamento de Oruro.

El dirigente reclamó por la espera de las comunidades a las autoridades de gobierno para mejorar y ampliar la norma técnica desde febrero de este año, durante más de cuatro meses. “Pudimos evitar que tengamos que viajar  por varios días hasta la ciudad de La Paz desde lugares muy lejanos donde las vicuñas habitan”, aseveró.

Descalificó a los técnicos del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Desarrollo Forestal, quienes supuestamente intentaron aprobar un Reglamento de Comercialización que no reconocía en absoluto el procedimiento aplicado por las comunidades durante más de 15 años. Denunció que, más bien, ese Reglamento intentaba dirigir la venta de la fibra de vicuña en favor de empresarios locales por  lo que trataron de promover reuniones con algunas de las comunidades manejadoras de vicuña para dividir a la ACOFIVB.

Según ACOFIVB desde el 2007 el modelo de comercialización de la fibra sustentado en el Decreto Supremo Nº 385 que tiene el objetivo de reglamentar la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña, ha posibilitado vender más de 25.455 kilogramos del recurso natural, generando un ingreso bruto de 68 millones de bolivianos. 

De este total, aproximadamente el 85 por ciento (57,6 millones) fue distribuido directamente entre las comunidades. El ocho por ciento fue transferido a niveles del Estado Plurinacional —más de 5,5 millones de bolivianos— para fortalecer el modelo de conservación, aunque este compromiso no ha sido plenamente cumplido. El resto se destinó a gastos operativos de exportación (tres por ciento), impuestos (tres por ciento) y costos bancarios (uno por ciento).

Según la asociación, anualmente, más de 5.000 familias se benefician de esta actividad. Viven en zonas donde la agricultura no es viable, por lo que los ingresos del manejo de la vicuña representan un complemento económico vital.

Lamenta, sin embargo, que pese de estos resultados, durante los últimos 15 años el Estado boliviano no ha brindado apoyo financiero ni técnico significativo, limitándose a funciones de fiscalización como la autorización de esquilas y la emisión de certificados.

Los dirigentes y presidentes de las asociaciones regionales insistieron sobre la carencia del respaldo estatal con programas y proyectos para el beneficio de las comunidades manejadoras de la vicuña. El Viceministro antes de abandonar la asamblea se comprometió en acordar una agenda para el tratamiento de la demanda de las comunidades, en la que se incluye el apoyo para combatir la caza furtiva.