Entre octubre y noviembre de este año, el aceite comestible, azúcar blanca, arroz, la harina, carne de res y carne de pollo, productos importantes en la dieta de las familias bolivianas, registraron un incremento sostenido poniendo en riesgo el derecho de la población al acceso a una alimentación suficiente y de calidad. 

La Defensoría del Pueblo realizó verificaciones en los mercados de abasto en las nueve ciudades capitales y la ciudad de El Alto, identificando el alza de los precios de los productos esenciales de la canasta familiar en todo el país.

En Santa Cruz de la Sierra se elevaron los precios de 11 productos; en Oruro, Potosí y Cochabamba de 9; en Sucre de 8; en La Paz y Trinidad de 7; en Tarija y Cobija de 6 productos.

Asimismo, entre enero y noviembre de 2025, la canasta básica de 13 alimentos para el consumo semanal de una familia de cuatro miembros, muestra un incremento acumulado entre el 22% y el 38%, dependiendo de la ciudad: por ejemplo, entre las más altas se registró un 38,8% en Cochabamba, 30,4% en Santa Cruz de la Sierra, 28,9% en Tarija y 26,8% en Potosí.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo gestionó reuniones con el Viceministerio de Comercio y Logística Interna y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) con el objetivo de abordar la problemática vinculada a la subvención del pan y otros factores que afectan la seguridad alimentaria de la población.

La institución defensorial exhorta al Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Defensa, Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, y a las Intendencias Municipales a desarrollar acciones efectivas para garantizar el abastecimiento de alimentos a precio justo, realizar controles interinstitucionales para evitar el agio y la especulación, y publicar los puntos de reclamo y de atención al usuario y consumidor, a fin de que la población pueda ejercer su derecho al reclamo.

La Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando el comportamiento de los precios de los alimentos en todo el país, como lo viene haciendo desde 2024, mediante las Delegaciones Defensoriales Departamentales, con el propósito de impulsar acciones estatales oportunas en protección del derecho de acceso a la alimentación. ///