PIDEN QUE CÍVICOS SE SUMEN
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Gremiales y otros sectores anuncian paro indefinido desde el 8 de noviembre en rechazo a Ley 1386

Una pasada movilizacion de gremiales en La Paz. Foto: ERBOL - archivo

En un ampliado desarrollado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia determinó ir a  un paro indefinido desde este 8 de noviembre en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En el encuentro otros sectores como el transporte y médicos quienes también decidieron plegarse a las protestas hasta en demanda de la abrogación de la norma. Según un reporte de radio Alternativa de la red ERBOL, el secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, dijo que la decisión se debe a que el  Gobierno “no escuchó” las demandas que tenían.

“Nuestro sector, en unidad con otro sector como la Cámara Internacional, la Cámara Nacional de Transporte, federaciones de transporte interno de cada departamento, compañeros de autoventa y otros sectores que han estado en la asamblea, hemos definido por unanimidad ir al paro indefinido”, informó.

En el ampliado se definió además que cada federación departamental pueda definir en sus regiones la manera de articular las fuerzas con diferentes sectores, incluyendo los comités cívicos si así lo ven conveniente.

“Esta lucha no es únicamente del sector gremial, no es únicamente del transporte pesado y las organizaciones que hoy se están pronunciando, es una lucha de todo el pueblo boliviano que hoy se está pronunciando porque esta ley es una ley mordaza”, añadió.

La determinación asumida se dio luego que a mediados de este mes, los gremiales hayan advertido con mantener las medidas de presión para lograr la abrogación de la Ley 1386, pese a que haya sido retirado del Legislativo el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

En el paro del 11 de octubre, convocado también por los gremiales, se sumaron los cívicos. En ese entonces, el Gobierno lo calificó como un “fracaso” debido a que no se paralizaron las actividades de ninguna región.