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El padrón electoral para las elecciones subnacionales de 2026 registra 7.429.516 personas habilitadas para votar, frente a 7.567.207 (padrón nacional) de las elecciones generales de 2025. La diferencia es de 137.691 ciudadanos menos, lo que representa una disminución del 1,8% de habilitados con relación a las elecciones generales 2025, de acuerdo a la página web del Órgano Electoral Plurinacional.

Este dato parece romper con la tendencia de crecimiento sostenido que el padrón había mostrado desde la implementación del registro biométrico en 2009. Sin embargo, un análisis detallado de la información permite entender que no se trata de una reducción del número total de ciudadanos inscritos, sino de un cambio en su condición dentro del registro.

Más ciudadanos registrados, pero menos habilitados

El total de ciudadanos inscritos en el sistema electoral aumenta de 8.711.405 en 2025 a 8.849.272 en 2026. Es decir, hay 137.867 ciudadanos nuevos registrados. Lo que cambia es su situación: mientras los habilitados disminuyen, los inhabilitados crecen de manera significativa.

En 2025 había 387.433 ciudadanos inhabilitados. En 2026 la cifra asciende a 627.023. Esto significa un incremento de 239.590 personas, equivalente a un crecimiento del 61,8%. El fenómeno central no es la pérdida de ciudadanos del padrón, sino el traslado de una parte importante de ellos a la categoría de inhabilitados.

¿Quiénes son los más afectados?

El análisis por grupo etario revela que el aumento de inhabilitados es transversal, pero con diferencias relevantes. A nivel nacional, el grupo de 66 años y más pasa de 74.948 inhabilitados en 2025 a 138.331 en 2026, convirtiéndose en el segmento con mayor incremento. Este comportamiento puede estar asociado a dificultades para ejercer el voto o a procesos administrativos posteriores a los comicios.

Sin embargo, el fenómeno no se limita a los adultos mayores. Los grupos de 18 a 20 y de 26 a 30 años también presentan incrementos elevados en el número de inhabilitados, probablemente porque no fueron a votar o porque no quisieron cumplir con su deber de ser jurados electorales. Es decir, una parte importante del crecimiento de inhabilitados se concentra además en población joven y en edad productiva.

Diferencias regionales: el eje central marca tendencia

La comparación por departamento muestra patrones diferenciados. En Santa Cruz, los grupos de 26 a 40 años superan ampliamente al grupo de 66 años y más en número de inhabilitados, tanto en 2025 como en 2026. El incremento se concentra en adultos jóvenes y población económicamente activa.

Cochabamba y Tarija presentan un comportamiento similar. En La Paz el patrón es mixto: crecen tanto los mayores como los grupos de 26 a 35 años. En Chuquisaca, Potosí, Beni y Pando también se observa un peso significativo de adultos jóvenes dentro del aumento de inhabilitados. El fenómeno, por tanto, no es exclusivamente demográfico ni concentrado en una sola región. Se trata de un proceso nacional con algunos matices territoriales.

¿Qué puede estar explicando este cambio?

La categoría de inhabilitados incluye a ciudadanos que no votaron, jurados que no cumplieron funciones y personas con sanciones administrativas. El fuerte incremento podría estar vinculado a la aplicación acumulada de sanciones por incumplimiento del deber de votar, a cruces más rigurosos de información o a la alta movilidad interna y externa que caracteriza a varios departamentos. En regiones con fuerte migración o alta rotación de residencia, los cambios de domicilio no actualizados pueden derivar en la pérdida de la condición de habilitación por no emitir el voto.

¿Qué significa un aumento pronunciado de inhabilitados?

La disminución del 1,8% en habilitados no implica que haya menos ciudadanos en el sistema electoral. Pero el crecimiento del 61,8% en inhabilitados sí plantea interrogantes relevantes.

Si una buena parte de la población joven y adulta en edad productiva está pasando a condición de inhabilitada, se reduce el universo efectivo de participación electoral. Esto podría tener efectos en la representación, en la movilización política y en la legitimidad percibida de los procesos electorales. Es importante comprender las causas específicas del aumento de inhabilitados y trabajar para garantizar mecanismos ágiles de regularización para que el padrón refleje con precisión a la ciudadanía activa y para fortalecer la confianza en el sistema electoral.