Por Iván Ramos . Periodismo que Cuenta 

La alcaldía de Sucre ha convocado abiertamente a la desobediencia de las sanciones impuestas por la Unidad Operativa de Tránsito, alegando que “solo ellos tienen la autoridad para aplicar multas”. Esta acción ha generado un debate sobre el ejercicio de las competencias legales en el municipio.

Según las declaraciones del secretario general de la alcaldía, Orlando Ceballos, “la Unidad Operativa de Tránsito ya no posee la facultad de imponer sanciones relacionadas con estacionamientos y paradas momentáneas”. Para ellos, cualquier intento de hacerlo sería considerado una “usurpación de funciones y, por lo tanto, ilegal”.

Basándose en las normativas establecidas por el Gobierno Municipal de Sucre, han decidido ejercer su competencia exclusiva en esta área desde el 19 de abril.

Este enfrentamiento entre la alcaldía y Tránsito ha llevado a una tensa situación jurídica. La alcaldía argumenta que la ley municipal tiene un cumplimiento obligatorio para todos los habitantes, entidades e instituciones en el municipio, respaldándose en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Según ellos, “el ejercicio de los derechos solo puede ser exigido en base a lo que dicta la Constitución y las leyes”, sin obligación de acatar órdenes de instituciones que no poseen competencia en la materia.

En este sentido, la alcaldía considera que “si la Unidad Operativa de Tránsito impone una multa, una institución sin competencia legal, los ciudadanos no solo tienen derecho a desacatarla, sino también a acudir a la autoridad ordinaria con jurisdicción para demandar”. 

Otro aspecto, sobre el método de pago de las multas. La alcaldía había reglamentado el pago de multas en UFVs. Sin embargo, cambió al pago en bolivianos. En este sentido, las infracciones leves serán sancionadas con Bs. 150, las graves con Bs. 200 y las muy graves con Bs. 250.