La Comisión Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (Copdeapbo) advirtió que de aprobarse el proyecto del nuevo Código Minero, que actualmente se encuentra en un proceso de socialización, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP) estará forzado en reconocer 199  cuadrículas de operaciones mineras que se encuentran ubicadas al interior de 11 áreas protegidas nacionales.

El Artículo 154 de la propuesta de nuevo Código Minero establecería el reconocimiento de derechos otorgados en áreas protegidas que sean previos a la nueva Constitución Política del Estado (CPE) promulgada en febrero de 2009, en contraposición a las normas que regulan las áreas protegidas y que establecen que un derecho minero será reconocido sólo si ha sido otorgado antes de la norma de creación del área protegida, es decir que sean derechos “preconstituidos al establecimiento de la propia área protegida”.

Según la Comisión, las operaciones mineras que obtuvieron sus derechos de forma irregular a las normas de creación de las áreas protegidas tienen 171 cuadrículas (sistema moderno) a las que hay que agregar 28 áreas mineras más por pertenencia que provienen del sistema antiguo (el Estado respeta y mantiene vigentes estos derechos bajo su formato original para no afectar la seguridad jurídica de los titulares), haciendo un total de 199 celdas mineras que lamentablemente, se encuentran adentro de 11 áreas protegidas nacionales.

Copdeapbo detalló que la pertenencia minera corresponde a sistemas antiguos o tradicionales que precedieron a los sistemas de cuadrículas modernas o satelitales, la pertenencia cumplía el rol de unidad básica de terreno para la explotación de la mina, aunque con formas y dimensiones distintas.

En la actualidad la cuadrícula minera equivale a una unidad planimétrica de 25 hectáreas un cuadrado de 500 metros por lado con proyección piramidal invertida hacia el centro de la Tierra.

Según la organización defensora de las áreas protegidas de Bolivia, las áreas o celdas mineras se encuentran: dos (2) en el Parque Nacional Amboró, ochenta y cinco (85)  en el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, veinte (20) en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, uno (1) en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, uno (1) en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, uno (1) en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco, veintidós (22)  ) en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Además de dos (2) en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, trece (13) en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, veinte (20) en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías y cuatro (4) en el Parque Nacional Tunari.

Madidi en desventaja

Copdeapbo ejemplificó lo que sucedería en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, el área protegida más biodiversa del planeta y orgullo de todos los bolivianos. 

El Sernap ha desarrollado un Plan de Intervención contra la Minería Ilegal en el cual se han identificado 44 operaciones mineras en actividad actual, ninguna de estas ha podido demostrar que sus derechos sean preconstituidos a la fecha de creación del área protegida, es decir antes del 21 de septiembre de 1995.

Por lo que para la autoridad en áreas protegidas todas son actividades ilegales y por ello no se le puede otorgar ningún Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU), además de haberse iniciado procesos administrativos, penales y agroambientales. 

Sin embargo, si se aprueba la nueva norma minera, el Sernap estaría obligado a considerar la otorgación de CCUs a 22 operaciones, porque estas habrían obtenido su derecho minero antes de febrero de 2009 cuando se aprobó la nueva CPE.

Las expresiones de inconformidad y de cuestionamientos a la nueva norma que tiene previsto ser aprobada en este mes de noviembre, mientras es socializada esta semana en Potosí, Uyuni y Tupiza, abre el debate sobre el nuevo Código Minero en Bolivia y su impacto en la naturaleza, surge en torno a varias preocupaciones planteadas por organizaciones indígenas, defensores del medio ambiente y sectores sociales del país.

Además que contraviene resoluciones judiciales que disponen la paralización de actividades mineras, una de ellas es la Acción Popular aprobada a favor de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)  y otra es la resolución del Tribunal Agro Ambiental que declara al río Tuichi sujeto de derechos y ordena la suspensión de las actividades mineras que se desarrollan ilegalmente en su cauce. (Cronista21)