En el marco de sus acciones de fortalecimiento institucional y acceso a la justicia con enfoque inclusivo, el Programa de Participación Política Indígena (PPI) de la Fundación Konrad Adenauer acompañó el “Taller de análisis y asistencia técnica para la construcción del Reglamento del Registro y las Actuaciones de Peritos, Intérpretes y Traductores del Tribunal Supremo de Justicia”, realizado el 27 y 28 de marzo en la ciudad de La Paz.

La actividad, organizada en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo, reunió a juristas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas, con el objetivo de analizar y fortalecer el anteproyecto de reglamento, así como generar aportes técnicos orientados a mejorar el registro y desempeño de peritos, intérpretes y traductores a nivel nacional.

Durante la primera jornada se desarrollaron exposiciones centradas en el acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos. Entre los temas abordados estuvieron el peritaje cultural en Bolivia, la interpretación en lengua de señas en el ámbito judicial y los desafíos en la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como personas con diversa orientación sexual e identidad de género y pueblos indígenas. Asimismo, se presentaron estudios de caso sobre limitaciones en el acceso a la justicia y avances del anteproyecto de reglamento.

La jornada incluyó también la presentación de un sistema digital para el registro de peritos, intérpretes y traductores, además de espacios de diálogo entre los participantes. El trabajo continuó en comisiones técnicas especializadas en peritaje, traducción e interpretación, orientadas a la revisión y formulación de propuestas.

El segundo día estuvo enfocado en la socialización de los aportes generados en las comisiones, promoviendo el diálogo técnico y la construcción de criterios para el fortalecimiento del reglamento. La actividad concluyó con la presentación de conclusiones y el cierre del evento.

El taller se desarrolló en la ciudad de La Paz y contó con la participación de representantes institucionales, expertos del sistema judicial, especialistas en derechos humanos, peritos indígenas y organizaciones de personas con discapacidad auditiva y visual, consolidándose como un espacio de articulación interinstitucional para mejorar el acceso a la justicia en Bolivia.