La directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds, y el investigador del CEDIB, Miguel Miranda, alertaron que el Decreto Supremo 5673 profundiza el control estatal sobre las organizaciones no gubernamentales y puede afectar la libertad de asociación y el trabajo de la sociedad civil.

“Yo diría que se mantiene y tiende a empeorar. (...) Y lo que venimos a observar ahora es que están dando continuidad a esa normativa más perversa que ha erosionado ese Estado de Derecho que queremos nosotros recuperar. Entonces, esta es la contradicción mayor”, afirmó Miranda, al cuestionar que el actual Gobierno dé continuidad a restricciones impulsadas durante la gestión de Evo Morales, pese a que sus actuales autoridades antes criticaban el autoritarismo y las limitaciones a la sociedad civil.

Por su parte, Reynolds advirtió que la nueva norma incorpora mecanismos de supervisión, evaluación y trazabilidad financiera que generan una situación menos favorable para la sociedad civil.

Además cuestionó que el decreto deje aspectos sujetos a una futura reglamentación y advirtió sobre posibles márgenes de discrecionalidad en la evaluación de proyectos y resultados. También señaló que el monitoreo financiero debe establecer límites claros para no afectar la autonomía institucional.

Miranda sostuvo que la normativa mantiene la obligación de que las organizaciones adecúen sus objetivos a los planes de desarrollo del Gobierno y advirtió que esto puede generar autocensura.

Según un informe de UNITAS citado por el investigador, entre 2015 y 2025 las ONG nacionales se redujeron en 90% y las internacionales en 76%.

Ambos remarcaron la importancia del trabajo de las ONG en derechos humanos, medio ambiente y defensa de comunidades indígenas y campesinas. Reynolds pidió abrir un diálogo con el Gobierno para que la reglamentación del decreto no implique un retroceso ni limite el debate y la participación de la sociedad civil. ///kmg