La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su enérgico rechazo ante el nuevo avasallamiento ocurrido en el predio agrícola El Encanto, de 4.500 hectáreas, ubicado en el municipio de Ascensión de Guarayos, donde un grupo de personas volvió a ingresar ilegalmente la noche del sábado, pese a haber sido desalojado en 2024 por orden judicial.

Mediante un comunicado oficial, la organización calificó este hecho como una señal alarmante de la impunidad con la que actúan grupos dedicados a la toma ilegal de tierras, lo cual afecta a la producción agropecuaria y la seguridad jurídica del país. 

De acuerdo con los reportes, los ocupantes exigen una “solución salomónica” y compensaciones económicas de hasta $us 20.000 por persona, bajo el argumento de haber realizado desmontes y trabajos previos en el lugar.

Anapo, en su comunicado, remarcó que este tipo de situaciones —en las que grupos ilegales pretenden negociar con la propiedad ajena— vulnera de forma abierta la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho a la propiedad privada y prohíbe toda forma de avasallamiento o toma de tierras.

La organización exige al Gobierno, al Ministerio Público, al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Policía ejecutar acciones inmediatas para restablecer el orden, garantizar la seguridad de los propietarios y trabajadores, e identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este nuevo atropello.

Anapo recordó que no es la primera vez que esta propiedad sufre una invasión, ya que el mismo grupo protagonizó en 2024 un violento enfrentamiento con la institución del orden durante un operativo de desalojo que dejó varios uniformados heridos.

El gremio productivo reiteró que la propiedad privada y la seguridad jurídica son pilares fundamentales para la producción nacional, de la que dependen miles de empleos y el abastecimiento de alimentos para el país. 

“El respeto a la ley es la base de la producción y de la paz social. No puede haber inversión ni trabajo mientras los productores sigan siendo víctimas de grupos ilegales y de la pasividad gubernamental”, señala parte del pronunciamiento. ///