AGENCIA DE NOTICAS AMBIENTALES

El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) a través de su investigador Miguel Miranda, alertó sobre el incremento de casos de criminalización a defensoras y defensores de Derechos Humanos y ambientales, lo que implica el agravamiento en los patrones de ataques contra ellos, e instó a activar mecanismos de protección.

“Las formas más graves de violencia en contra de los defensores son estas, la judicialización, la criminalización, cuando les meten un proceso penal y es una forma elevada, y cuando al defensor no lo pueden parar, lo eliminan”, señaló durante el V Encuentro de Integración de las Resistencias aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

El especialista en incidencia en DDHH señaló que los casos judicialización a defensoras y defensores de DDHH eran pocos, pero que en los últimos años se dispararon. “Aquí sube el 2024, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) nos ha tomado en cuenta porque es una forma de ataque que se está haciendo y está en aumento”, dijo.

Durante el encuentro realizado en Rurrenabaque, Beni, Miranda alertó a más de 40 representaciones desde sus territorios que, los ataques a defensores siempre van en escalada; es decir, de menor a mayor gravedad, y es muy importante saberlo para tomar acciones de protección.

“¿Qué nos están diciendo los datos? que el ataque a la integridad física sube, que los ataques a los defensores están subiendo de intensidad y en un escenario más grave que se nos viene tenemos que plantearnos más seriamente mecanismos de autoprotección, cuidado y desarrollar nuestras capacidades de analizar los riesgos, analizar el contexto”, planteó.

En un balance hasta el 2024 explicó que los casos de hostigamientos, chantajes, intimidación llegan al 30%, seguido de los casos de desprestigio, señalamiento, calumnias y finalmente la judicialización. “Sin embargo, si miramos caso por caso, los casos de criminalización fueron en aumento”, indicó.

De acuerdo al Mapa de defensores ambientales que elabora el CEDIB en alianza con la Contiocap, Miranda mostró el crecimiento en más del 100% entre el 2017 y 2024, siendo los casos más emblemáticos los de la persecución penal a comunarios y defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía frente al avance petrolero; la del del Ayllu Acre Antequera, donde la empresa minera subsidiaria de Glencor mantiene la denuncia en contra de una mujer y hombre, ambos autoridades de la justicia originaria, por el presunto delito de avasallamiento de área minera, proceso penal que sigue abierto.

También se encuentra el caso de la comunidad Tres Marías en el municipio de Yanacachi, donde comunarios productores de flores fueron denunciados por la Cooperativa Minera Salvadora Yerbani, por los supuestos delitos de avasallamiento de área minera, organización delictuosa y lesiones graves y leves. La persecución judicial legó hasta el encarcelamiento en el penal de San Pedro de César Condori, un productor de flores y obligó a dirigentes a declararse en clandestinidad.

“En un balance hasta el 2024 tenemos por categorización: hostigamientos, chantajes, intimidación llega al 30%, le sigue el desprestigio, señalamiento, calumnias, después está la judicialización, pero si miramos caso por caso, los chantajes, las coacciones a las organizaciones sociales, la doble Cidob, los ataques a la Conamaq eran mayores, pero como el MAS se dividió bajó la intensidad”, explicó.

De igual manera, dijo que los casos de prestigio, difamación de defensores fue bajando un poco. “Si a Ruth (Alípaz) le decían que era agringada ese ataque ya no tiene efecto, el desprestigio ha ido bajando, no es que no haya, pero es en menor grado (…). En cambio el hostigamiento, el acoso administrativo, acoso laboral, intimidación, espionaje, invasión a la privacidad, invasión a la territorialidad, ese tipo de ataques es más transversal porque el Estado tiene aparato para intervenir”, explicó.

Perpetradores de DDHH

Al momento de describir a los perpetradores de DDHH y derechos ambientales, el especialista indicó que el 45 % actúa desde la estructura del poder del Estado, a lo que hay que sumar un 29% identificada por grupos y organizaciones de civiles que atacan a las defensoras y defensores, motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas.

El 37% de los perpetradores está incrustado en entidades públicas del Estado y/o son autoridades el 29% son personas, grupos u organizaciones de civiles que apoyan al partido gobernantes y sus políticas, el 16% empresas u operadoras, el 8% funcionarios públicos, el 7% Policía y Fuerzas Armadas y 3% anónimos. El 90% está vinculado directa o indirectamente a la estructura del poder.

En ese contexto dijo que la situación de riesgo e indefensión está marcada por un Estado extractivista promotor de violencia, el debilitamiento de las instituciones democráticas, precariedad económica de las defensoras, la naturalización de la cooptación de líderes de las organizaciones, leyes acomodadas a la actividad extractiva, inexistente normativa de protección a Defensores de DDHH y actores internacionales sin internarse a la realidad boliviana.

En el caso de las mujeres, los ataques son diferenciados, de manera generalizada las mujeres defensoras refieren experiencias de amenazas de ataques violentos en razón de su género a través de la difamación y estigmatización, insultos y calumnias como un medio para devaluar su credibilidad, cuestionamiento a su identidad como defensoras o su identidad indígena o la legitimidad de ser interlocutora válida sobre los temas que reclaman.

“Se pone en duda la veracidad de sus palabras; los juicios de valor desvirtúan el trabajo que realizan y se las relaciona con procesos político partidarios, intimidaciones con amenazas de ataques violentos aludiendo a su cuerpo, zonas corporales sensibles a su sexualidad o a infringir daño a una persona del núcleo familiar”, expuso.

A mayor extractivismo, mayores vulneraciones

En un contexto de mayor profundización del extractivismo, Miguel Miranda advirtió que se prevé que la vulneración de DDHH y de defensores que defienden derechos se agrave.

Al referirse a las Elecciones de agosto cuestionó que los candidatos plantean para salir de la crisis económica más deuda, más saqueo de recursos naturales no renovables, más extractivismo, más minería, más hidrocarburos. “Si precio del oro sigue subiendo, la tentación es más grave y ese extractivismo así desaforado, loco, lo seguiremos viendo. Esa mala noticia, lamentablemente la tenemos que aceptar como un hecho que se viene y que está ahí aumentando”, dijo.

Riesgos externos e internos

Antes los riesgos externos e internos, el expositor recomendó a las diferentes resistencias prepararse y generar estrategias de cohesión y defensa acorde a los desafíos actuales.

Entre los riesgos externos identificó los diferentes tipos de ataque y presiones, el incremento de extractivismos en intensidad, extensión, cantidad, la crisis económica y la vigente legislación restrictiva de derechos de Defensores de DDHH, como la penalización de la protesta plasmada en la Ley 351.

Entre riesgos por factores internos apuntó al debilitamiento de las organizaciones del tejido social, fracturas, mala gestión dirigencial, apatía en las bases, desánimo, miedo, aceptación acríticamente de prebendas o “compensaciones” como paliativos o sólo para calmar coyunturalmente el descontento de las bases, uso de las luchas sociales con fines políticos partidarios, convertirse en “socios” del extracción como el de la explotación del oro, y no asumir ni profundizar la identidad y la ética de ser defensor de DDHH.

/ANA/