AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) lanza su voz de advertencia ante lo que podría ser este jueves, una sentencia injusta en contra del indígena tsiman Julio Lero Sánchez, acusado sin pruebas contundentes, por la muerte del indígena leco, Francisco Marupa en febrero de 2025.

«Ante la determinación este 5 de marzo de 2026, como la fecha para la última audiencia en que la (in)justicia del Esado Plurinacional de Bolivia podría dictar sentencia en el caso donde se acusa de forma injusta al hermano Julio Lero Sánchez, después de mantenerlo más de un año en prisión, durante el cual los operadores de justicia solo han cometido injusticias, al no aplicar el debido proceso, al no realizar una investigación seria, negando así el acceso a una verdadera justicia tanto para la víctima como para un hermano indígena acusado sin pruebas contundentes», señala el pronunciamiento.

La organizacióin indígena señala que en su momento alertó sobre las incoherencias en este caso, habiéndose pronunciado en tres ocasiones brindado información detallada de correlación de fechas cronológicas recogidas de testigos, familiares, comunarios y representantes eclesiásticas de la Comunidad Torewa Campesina, para contribuir a una investigación profunda, profesional y justa que venimos exigiendo reiteradamente.

«Lamentablemente, el trabajo de la justicia en este caso es deplorable y vergonzoso, porque desde el principio se ha violado el derecho a la presunción de inocencia del hermano Julio Lero Sánchez, considerando que una turba de personas civiles lo detuvieron en su casa, sin que Julio Lero se encontrara en flagrancia como establece la ley para detenciones por civiles, además se permitió que personas civiles interrogaran a Julio Lero, ejerciendo una evidente coacción para que se auto incrimine», se denuncia.

Las supuestas declaraciones, del ahora imputado, se obtenían según la Contiocap, conociendo que Julio Lero, no habla bien español, por lo que ante la ausencia plena de comprensión del lenguaje y la coacción ejercida por los civiles que lo detuvieron, es evidente que se ha inducido a Julio Lero a inculparse de un delito, y después de un año existen más dudas sobre su presunta responsabilidad.

«Y ante nuevas investigaciones que desde el periodismo profesional se vienen haciendo, supliendo la tarea de la justicia, de buscar la verdad, tanto desde el lado del acusado como de los acusadores, se va evidenciando que nos encontramos ante un caso de injusticia con la víctima y con el único acusado como es el hermano Julio Lero», se lee en el manifiesto.

En esa línea se advierte del riesgo que, otra vez un inocente sea condenado como «chivo expiatorio” y otro proceso sin fundamento fáctico y técnico sea emitido para encubrir los fallos estructurales de la justicia del país. «¿Es suficiente para condenar a una persona, la autoincriminación, obtenida con evidente coacción y sin comprender plenamente el idioma en el que te acusan?», se cuestiona.

Ante estas evidencias de violación flagrante al derecho del indígena Julio Lero de acceder a una justicia imparcial, en igualdad de condiciones, respetando el debido proceso y garantizando sus derechos la Contiocap exige al Ministerio Público, se pronuncie e inicie una auditoria técnica al proceso de investigación desarrollado en este caso y detenga con carácter de urgencia la audiencia del 5 de marzo, por el intento de sentenciar a 30 años de cárcel al hermano Julio Lero Sánchez, sin haber cumplido con la debida investigación imparcial y técnica para determinar su responsabilidad o no en este caso.

También recuerda a la justicia ordinaria, que la autoinculpación no es suficiente para condenar a un acusado. Y mucho menos si la autoinculpación es obtenida con claros vicios de nulidad por la falta de pericia en el proceso de obtenerla. «Le recordamos a la justicia ordinaria nuestro derecho constitucional de nuestros Pueblos Indígena Originario Campesino, a contar con un traductor en todo el proceso de investigación en los casos en los cuales estemos involucrados, lo cual por supuesto implica contar un traductor para la toma de declaraciones», se menciona.

Se advierte con este proceso, que se puede sentar precedente y jurisprudencia para que otros casos no cumplan con el debido proceso antes de sentenciar a miembros de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, sin garantizar el derecho a un traductor, es decir el derecho a conocer porque se lo juzga.

«A la Defensoría del Pueblo y a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, les reiteramos nuestro pedido de intervenir en este proceso en el marco de sus deberes y facultades, advirtiendo que de consumarse una sentencia en estas condiciones en la justicia boliviana, y el hermano Julio Lero Sánchez sea condenado a 30 años o siquiera un año más de cárcel, serán las autoridades del Estado, corresponsables de una injusticia, en un sistema que sentencia como culpables a miembros de pueblos indígenas por el solo hecho de ser indígenas, y no basado en pruebas, consumándose un acto de discriminación y racismo», subraya el comunicado.