AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

En un contexto de marcha indígena campesina hacia la sede de Gobierno por la abrogación de Ley 1720 que utoriza la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias tituladas a propiedad mediana ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) mediante un reciente comunicado se pronunció por la anulación inmediata de la Ley 1720 por considerarla inconstitucional y vulnerar los derechos indígenas.

A tiempo de esclarecer que la exigencia no se vincula a pedir la desestabilización del gobierno de Rodrigo Paz, la organización indígena considera que la unidad del país está siendo mancillada mediante la afectación a derechos legítimos y la firma de convenios que no estarían respetando la voluntad de los pueblos ni sus derechos a la vida y a la alimentación.

La Ley 1720 proyectada por el senador Branko Marinkovic fue promulgada el 10 de abril de la presente gestión,orientada a permitir la conversión voluntaria de pequeñas a medianas propiedades a objeto de facilitar al pequeño productor el acceso a créditos medianos. Sin embargo instancias ambientalistas e instituciones que trabajan en temar agrarios han advertido que la aplicación de la norma puede provocar riesgo de mayor deforestación y presión sobre la tierra.

Rechazo al convenio entre el gobierno y la Cidob

Un convenio firmado hace menos de siete días entre el gobierno de Rodrigo Paz y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) orientado a calmar el rechazo a la Ley 157, acuerda la inclusión de un artículo en esa controvertida normativa a objeto de ratificar derechos de propiedad indígena y proteger tierras ante la conversión a mediana propiedad, pero el pacto fue cuestionado y rechazado por las organizaciones de territorios indígenas al que calificaron como “traición” que avala a la Ley 157.

Al mismo tiempo Contiocap acusó a la Cidob de dejarse “instrumentalizar” por el gobierno para dividir a las organizaciones y terminar así de perder toda posibilidad de recuperar credibilidad, en tanto estima que dicho acuerdo equivale a la desvinculación entre los pueblos indígenas y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano.

“La firma de este acuerdo entre el gobierno de Rodrigo Paz y la CIDOB, representa la desconexión de la CIDOB con los Pueblos Indígenas que dice representar. Porque mientras los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas rechazan esta Ley y exigen su abrogación, la CIDOB, firma un acuerdo que avala esta ley”.