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El caso del río Madre de Dios llega a la justicia agroambiental nacional

Dirigentes de las comunidades afectadas presentaron al Juzgado Agroambiental de El Sena (Pando) el pasado 1 de julio, pruebas y testimonios de lo que sucede en su territorio. Foto: Rocío Lloret

La Región

La lucha indígena por defender el río Madre de Dios —en el norte de Bolivia— ha dado un paso decisivo: el caso fue remitido a la máxima instancia de la justicia agroambiental del país. El Tribunal Agroambiental será el encargado de analizar una acción preventiva ambiental presentada por el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), que busca detener la expansión de la minería aurífera ilegal en la Amazonia norte, debido a su impacto ambiental y social irreparable.

La demanda, interpuesta el 1 de julio por las naciones Ese Ejja, Tacana y Cavineño ante el juzgado agroambiental del municipio de El Sena (Pando), fue derivada este 21 de julio al Tribunal Agroambiental, en Sucre. La jueza Milka Romero Murillo declaró su incompetencia territorial, argumentando que los daños al ecosistema del río Madre de Dios afectan más de un departamento —La Paz, Pando y Beni— y tienen incluso incidencia transfronteriza, al conectar con Perú y Brasil.

La jueza Romero Murillo escribió en sus consideraciones que el caso trata del “daño ambiental en más de dos jurisdicciones tomando en cuenta que el Río Madre de Dios nace del río Amazonas del Perú, pasando por Bolivia por los departamentos de La Paz, Pando y Beni, exactamente por las provincias Madre de Dios y Gonzalo Moreno, de este departamento, y la provincia Vaca Diez, municipio de Riberalta (Beni), hasta el río Madeira del vecino país de Brasil, ello enuncia la trascendencia del ámbito territorial de este asiento judicial (…)”. El caso, por tanto, fue remitido a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental. 

El director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Miguel Vargas, explicó que el caso abarca no solo el municipio de El Sena (Pando), sino también la jurisdicción de Riberalta (Beni) y zonas con incidencia transfronteriza hacia Perú y Brasil. “Es posible que el proceso tenga un curso similar al caso por el tráfico de jaguares en Bolivia, con una única audiencia donde se deberían establecer las posibles medidas precautorias inmediatas”, dijo.

El río Madre de Dios sufre una contaminación progresiva y comprobada por mercurio, aceites y residuos sólidos fuera de los límites permitidos, además de la pérdida de más de ocho mil hectáreas de bosque por deforestación minera. La salud humana también está siendo impactada: los niveles de mercurio en organismos de personas que habitan el TIM II superan lo permitido por la OMS.

La acción responsabiliza al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a la cooperativa Asobal – Madre de Dios RL por permitir y encubrir esta situación, ignorando obligaciones de consulta previa y acceso a información ambiental. También fue notificada la Gobernación de Pando.

El presidente del TIM II, Lucio Ayala, junto a autoridades de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap), Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivi (Cirabo), Organización Indígena Cavineña (OICA) y la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Ominab), lideran esta acción histórica. Los pueblos Ese Ejja, Tacana y Cavineño, afectados directamente por la minería irregular, exigen al Estado que garantice su derecho a un ambiente sano y ponga freno a la impunidad ambiental en la Amazonía boliviana.